Luego de las exposiciones del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República expresaron cuestionamientos, preocupaciones y propuestas respecto al desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Durante la sesión, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) solicitó precisiones sobre los criterios utilizados para la selección de 1,919 centros poblados habilitados para el sufragio, que beneficiaron a más de un millón de ciudadanos, demandando información detallada sobre su distribución regional y resultados electorales.

En la misma línea, la congresista Noelia Herrera Medina (RP) expresó su preocupación por una posible omisión de funciones y cuestionó la idoneidad de los responsables del proceso electoral.

Asimismo, se plantearon interrogantes sobre la creación de las denominadas “actas 900K”, cuya legalidad fue puesta en duda, exigiéndose la identificación de responsabilidades y eventuales sanciones.

Por su parte, el congresista Wilson Soto Palacios (AP) criticó presuntas deficiencias logísticas en la distribución del material electoral, señalando que en diversos centros de votación de la capital no se habrían instalado oportunamente las ánforas, a diferencia de lo ocurrido en el extranjero y zonas alejadas.

A su turno, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) rechazó las acusaciones de fraude, calificándolas como parte de una narrativa política, y defendió la implementación de mesas en centros poblados rurales como un mecanismo para garantizar el derecho al voto. Si bien reconoció la existencia de errores, sostuvo que estos no justifican la anulación del proceso electoral.

En tanto, la congresista Norma Yarrow Lumbreras (RP) consideró que se habría vulnerado el artículo 31 de la Constitución Política, referido al derecho al sufragio, posición que fue respaldada por otros parlamentarios que plantearon incluso la posibilidad de declarar la nulidad del proceso en determinados ámbitos.

El congresista Edward Málaga Trillo (No agrupado) cuestionó la inasistencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solicitando que sea citado al Pleno del Congreso para informar sobre los hechos observados.

Asimismo, el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) advirtió sobre retrasos significativos en la instalación de mesas en Lima Metropolitana, lo que según indicó habría afectado a más de un millón de electores.

En esa línea, demandó garantías claras para evitar la repetición de estas situaciones en la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, la congresista Gladys Echaíz (HD) expresó dudas sobre la transparencia del proceso electoral, citando informes sobre deficiencias en la provisión de material y fallas en equipos tecnológicos, mientras que la congresista María del Carmen Alva Prieto manifestó su preocupación por problemas operativos similares a los registrados en procesos anteriores.

Finalmente, el congresista Luis Aragón Carreño (AP) cuestionó la reiterada ausencia del titular del JNE en sesiones del Congreso y planteó la posibilidad de adoptar acciones constitucionales, señalando que la defensa del derecho al voto debe prevalecer ante cualquier irregularidad sustancial.Principio del formulario

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