La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Flavio Cruz Mamani (bancada PL), respaldó este miércoles una serie de dictámenes orientados a fortalecer derechos laborales, introducir cambios en el sistema judicial y mejorar el acceso de la ciudadanía a mecanismos legales.

Sesión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Entre los acuerdos se aprobó por mayoría (12 votos a favor y una abstención) el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 13886/2025-CR, que propone la Ley que establece la Homologación del Incentivo Único – CAFAE para los Servidores Administrativos de la Procuraduría General del Estado sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, a propuesta del congresista Alex Antonio Paredes Gonzales (bancada SP).

Con este dictamen, el grupo de trabajo dio luz verde a una medida que busca uniformizar el Incentivo Único-CAFAE que perciben los servidores administrativos de la Procuraduría General del Estado comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276. La iniciativa fija una escala única de aplicación obligatoria y establece como eje central que ningún trabajador vea reducido el monto que actualmente recibe.

Además, la fórmula legal plantea que la homologación tome como referencia el monto más alto asignado dentro de cada nivel remunerativo, con el fin de corregir desigualdades internas y asegurar criterios de equidad, razonabilidad y unidad institucional.

Durante la sesión, Luis Eduardo Santiago Martínez, subsecretario general del Sindicato de la Procuraduría General del Estado (Sinutrapro), expresó su reconocimiento al respaldo legislativo.
“Hoy vengo a decirles que los trabajadores de la Procuraduría General del Estado estamos muy agradecidos, en especial los trabajadores de la Ley 276, y también quiero agradecer a los congresistas que hoy han votado a favor de la homologación Cafae de los 276”, manifestó.

CAMBIOS EN EL RECURSO DE CASACIÓN

En otro momento, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12544/2025-PJ, que plantea la Ley que modifica la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, respecto de la procedencia del recurso de casación, iniciativa impulsada por el Poder Judicial. La propuesta obtuvo 12 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

Esta reforma responde al desborde de la carga procesal que afronta el sistema judicial, situación que ha contribuido al retraso de expedientes, a la emisión de decisiones fuera de plazo razonable y al incremento de recursos que llegan a la Corte Suprema.

En esa línea, la iniciativa incorpora filtros para la procedencia del recurso de casación en el proceso contencioso administrativo, especialmente cuando las resoluciones de segunda instancia confirmen lo decidido en primera instancia, salvo que la Corte Suprema considere necesario fijar o modificar un precedente. Con ello, la propuesta apunta a reforzar el carácter extraordinario de la casación y a evitar que este mecanismo se use como una vía para prolongar innecesariamente los litigios.

EXONERACIÓN DE TASAS JUDICIALES

Asimismo, la comisión aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 6693/2023-CR, que propone la Ley que establece la exoneración del pago de tasas judiciales en los procesos no contenciosos de autorización judicial previstos en los artículos 452, 453 y 465 del Código Civil, Decreto Legislativo 295, iniciativa del congresista Flavio Cruz Mamani. La votación registró 12 votos a favor y una abstención.

La comisión consideró que la medida resulta viable por su impacto focalizado y su limitado efecto presupuestal, debido a que la exoneración se circunscribe a procesos no contenciosos específicos. Además, valoró que esta propuesta no exige la creación de nuevas estructuras administrativas y que se ajusta al marco jurídico vigente.

Del mismo modo, el dictamen resalta la oportunidad de la iniciativa en un contexto que demanda mayores garantías para poblaciones vulnerables, especialmente niños y adolescentes, a fin de remover barreras económicas que dificultan el acceso efectivo a la justicia. La fórmula legal establece que la exoneración procederá en los procesos regulados en los artículos 452, 453 y 465 del Código Civil, Decreto Legislativo 295, y en los dos primeros casos cuando el monto materia de disposición no supere las 20 Unidades de Referencia Procesal.

FIANZA ARRENDATICIA EN EL CÓDIGO CIVIL

Finalmente, la comisión aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 4962/2022-CR, que propone la Ley que modifica el Código Civil, Decreto Legislativo 295, para incorporar la fianza arrendaticia, a propuesta del congresista Roberto Kamiche Morante. La iniciativa consiguió 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Vale mencionar que la propuesta incorpora el artículo 1676-A al Código Civil, Decreto Legislativo 295, con el propósito de regular la figura de la fianza arrendaticia en los contratos de alquiler.

El texto señala que el arrendador podrá exigir al arrendatario una garantía destinada a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto no podrá exceder el equivalente a tres meses de renta pactada. Además, precisa que dicha fianza podrá aplicarse al pago de rentas impagas, deudas por servicios vinculados al uso del bien y reparación de daños imputables al arrendatario. A su vez, establece que, concluido el contrato, el arrendador deberá devolver la fianza en un plazo no mayor de 30 días hábiles, salvo que acredite obligaciones pendientes o perjuicios ocasionados por el inquilino.

Al cierre de la jornada, el presidente de la Comisión de Justicia agradeció a los parlamentarios por respaldar diversos dictámenes que, según remarcó, apuntan a beneficiar a la ciudadanía.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL