Directivos de la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad tienen cuestionamientos respecto a su idoneidad para el puesto.

El acceso restringido al servicio de agua potable en La Libertad constituye uno de los problemas más graves de la región. En diversas zonas, la población aún no cuenta con este servicio de manera continua, pese a que la Ley de Presupuesto 2026, a través de una prórroga, dispuso el uso de recursos para impulsar proyectos de acceso a agua y saneamiento. Sin embargo, esto no se cumple debido a una inadecuada gestión de los directores de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad (Sedalib), quienes presentan una serie de conflictos respecto a su permanencia y designación.

Ante esta situación, el congresista Héctor Acuña solicitó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) un informe detallado sobre las acciones realizadas para determinar la situación del señor Frank Eduardo Sánchez Romero, actual director de Sedalib, ante un posible impedimento legal para ejercer el cargo.

“Los cuestionamientos a los directivos de Sedalib tienen un efecto en la administración de los servicios de agua y saneamiento en la región. Esto perjudica a miles de trujillanos que durante décadas continúan empleando cisternas para abastecerse sin obtener una respuesta real y concreta sobre los proyectos de infraestructura y agua potable que existen en diversas zonas,” explicó el parlamentario de la bancada Honor y Democracia.

Mediante un oficio remitido al presidente ejecutivo de SUNASS, Mauro Orlando Gutiérrez Martínez, el parlamentario advirtió la necesidad de esclarecer si el director de Sedalib incurre en un supuesto impedimento establecido en el numeral 7 del artículo 58 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280, que señala que no puede ser director de una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal quien sea parte en un proceso judicial contra los intereses de dicha entidad.

“El informe N.° 006-2026 del Ministerio de Vivienda revela que la situación del señor Frank Sánchez genera dudas respecto a que en la fecha de su nombramiento este mantenía un proceso judicial como demandado contra Sedalib, lo que constituye una causal de imposibilidad para el cargo. En dicho informe, el Ministerio de Vivienda le solicita a SUNASS que evalúe la situación y adopte las medidas necesarias,” explicó Acuña Peralta, quien agregó que corresponde a SUNASS, en su calidad de ente regulador, determinar la situación del funcionario.

Cabe resaltar que el congresista Héctor Acuña ha recibido constantes quejas ciudadanas respecto a la administración y gestión de dicha empresa, la cual debe proveer un servicio eficiente de agua potable y, de esa manera, velar por la vida y salud de la población.

DESPACHO CONGRESCISTA HÉCTOR ACUÑA PERALTA

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