El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación y por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7182/2023-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1126 con el fin de permitir que instituciones de los sectores educación y salud puedan reinscribirse en el Registro de Bienes Fiscalizados, administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La iniciativa fue aprobada con 62 votos a favor, 16 en contra y 17 abstenciones.

La norma busca dar una solución a los casos en los que universidades, laboratorios o centros de salud fueron dados de baja del registro por causales administrativas reiteradas, lo que les impedía seguir utilizando insumos químicos necesarios para sus actividades académicas, científicas o médicas.

Con la modificación aprobada, estas entidades podrán volver a inscribirse en el registro siempre que hayan corregido las observaciones que originaron la sanción y haya transcurrido un plazo mínimo de 90 días desde la última suspensión.

La medida aplica únicamente para instituciones de los sectores educación y salud y no se extiende a casos vinculados con actividades ilícitas.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), explicó que el objetivo es evitar que trámites administrativos paralicen servicios esenciales para la ciudadanía.

“No podemos permitir que por procedimientos administrativos se paralicen hospitales, laboratorios o universidades que brindan servicios fundamentales a la población”, señaló en su exposición.

DEBATE

Durante la sesión, la congresista Silvia Monteza Facho (bancada AP) destacó que la iniciativa responde a una situación que ha afectado a diversas instituciones que utilizan insumos químicos con fines académicos, científicos o médicos.

En algunos casos, explicó, universidades y centros de investigación quedaron impedidos de continuar sus actividades luego de ser dados de baja en el registro, aun cuando ya habían subsanado las observaciones administrativas.

Esto podía generar la paralización de laboratorios universitarios, investigaciones científicas y servicios vinculados al sector salud, afectando la formación de estudiantes y la atención a la ciudadanía.

Por su parte, su colega de bancada, Edwin Martínez Talavera, señaló que el control de insumos químicos es necesario para prevenir su uso en actividades ilícitas, pero advirtió que una aplicación excesivamente rígida puede generar efectos contraproducentes.

Indicó que muchas universidades requieren estos insumos para prácticas de laboratorio, análisis científicos y formación de profesionales, por lo que impedir su acceso puede limitar el desarrollo académico y la investigación.

En ese sentido, sostuvo que las medidas de control deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, enfocando los esfuerzos del Estado en combatir el uso ilegal de estos productos sin afectar a instituciones que los emplean con fines legítimos.

El dictamen aprobado señala que la medida no genera gastos adicionales para el Estado, ya que la implementación solo requerirá ajustes mínimos en el sistema informático del registro administrado por la Sunat.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL