La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL), aprobó este miércoles un dictamen recaído en los proyectos de ley 13030/2025-CR y 12945/2025-CR, que busca reforzar la protección y atención integral de salud de los niños que permanecen en establecimientos penitenciarios junto a sus madres internas.

El grupo de trabajo parlamentario respaldó, por unanimidad (con 12 votos a favor), el texto que propone modificar el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, con el objetivo de fortalecer las garantías para los menores que conviven con sus madres privadas de libertad, en atención al principio del interés superior del niño.

En esa línea, el dictamen plantea cambios en el artículo IX del Título Preliminar y en el artículo 103 del referido código. La propuesta reconoce que las internas gestantes o madres deben recibir una protección amplia dentro del sistema penitenciario, mientras que los hijos menores de tres años que permanecen con ellas deben contar con condiciones adecuadas para su desarrollo y atención integral en salud.

Asimismo, el texto establece que los menores que ingresan o nacen en un establecimiento penitenciario podrán permanecer con sus madres hasta cumplir los tres años de edad. Durante ese periodo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá garantizar ambientes diferenciados y evaluaciones periódicas orientadas al desarrollo de la primera infancia.

Una vez superado ese límite de edad, la permanencia del menor fuera del penal será determinada por quien ejerza la patria potestad o tutela; de presentarse situaciones de riesgo o desprotección, se notificará al Juzgado de Familia correspondiente para adoptar medidas de protección.

Además, la norma dispone que el Poder Ejecutivo adecúe el Reglamento del Código de Ejecución Penal en un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigencia de la ley.

MARCO LEGAL PARA CONCLUIR LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD

En la misma sesión, la comisión aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 13644/2025-PE, iniciativa del Poder Ejecutivo que establece el marco legal para culminar las acciones pendientes vinculadas a la extinción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El dictamen fue aprobado por mayoría con 13 votos a favor y una abstención. La propuesta dispone que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) asuma la sucesión procesal de los procesos judiciales, arbitrales, administrativos y extrajudiciales vinculados a la defensa jurídica del Estado relacionados con la extinta entidad.

De igual forma, la norma establece que la ANIN asumirá los activos y pasivos derivados de dichos procesos, así como las obligaciones pendientes en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento relacionadas con contratos de obras, servicios y consultorías celebrados durante la vigencia de la ARCC.

CASOS DE FEMINICIDIO

Posteriormente, el grupo parlamentario aprobó, por unanimidad (con 14 votos a favor), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2029/2021-CR, que modifica el Código Penal para fortalecer la responsabilidad funcional de autoridades y funcionarios en casos vinculados a feminicidio, violación sexual y omisión de asistencia familiar.

La iniciativa, presentada por el congresista Edgard Reymundo Mercado, modifica los artículos 377 y 378 del Código Penal para endurecer las sanciones contra funcionarios que omitan, retrasen o se nieguen a cumplir actos vinculados a la atención de estos delitos.

Con esta modificación, cuando la omisión de funciones esté relacionada con solicitudes de garantías personales, violencia familiar o investigaciones por feminicidio, violación sexual u omisión de asistencia familiar, la pena podría

alcanzar entre dos y cinco años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente.

CUARTO INTERMEDIO

Por otro lado, la comisión decidió pasar a cuarto intermedio el dictamen que acumula los proyectos de ley 9616/2024-CR, 12276/2025-CR y 12316/2025-CR, que proponen crear la figura del “abogado certificador”.

Durante el debate, el congresista Víctor Cutipa (JPP-VP-BM) sostuvo que la iniciativa busca facilitar los trámites ciudadanos frente a la alta carga en notarías. “No es cualquier abogado. El que quiera realizar esa labor primero debe aprobar un diploma de especialización autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicó.

En la misma línea, el parlamentario Wilson Soto (bancada AP) señaló que la medida podría beneficiar especialmente a regiones con escasez de notarios. “En Huancavelica carecemos de notarios en más de 13 distritos. Ante la ausencia de notarios, los ciudadanos deben viajar incluso a otras regiones”, afirmó.

No obstante, algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre los riesgos jurídicos de la propuesta. El congresista Jorge Morante (bancada FP) advirtió que la medida podría generar conflictos si no se establecen controles adecuados.

Asimismo, la congresista Gladys Echaíz (bancada HyD) indicó que el Ministerio de Justicia ha formulado observaciones técnicas y consideró necesario analizar con mayor profundidad el tema.

Desde el ámbito notarial, el vicedecano del Colegio de Notarios de Lima, Elard Vilca Monteagudo, pidió evaluar cuidadosamente la iniciativa. “Pensemos en el usuario. Debe tener la seguridad de que su propiedad y sus trámites estarán protegidos dentro de un sistema que garantice seguridad jurídica”, sostuvo.

Tras el intercambio de opiniones, la comisión acordó continuar evaluando el dictamen.

De igual manera, los integrantes del grupo de trabajo acordaron solicitar por tercera vez la opinión de diversas entidades respecto al Proyecto de Ley 13424/2025-CR, que propone modificar diversos artículos del Código Procesal Penal para fortalecer los procesos penales.

La iniciativa, presentada por el congresista Flavio Cruz Mamani, también fue enviada a cuarto intermedio con el objetivo de contar con mayores aportes técnicos antes de continuar su debate.

ANUNCIAN SESIÓN EXTRAORDINARIA

Finalmente, la presidencia del grupo parlamentario anunció que el próximo viernes se realizará una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia para continuar con la agenda legislativa y evaluar iniciativas pendientes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL