La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la congresista Milagros Jáuregui, realizó una sesión extraordinaria informativa con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, con el objetivo de analizar la situación de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Durante la sesión se advirtió que el despido de trabajadores bajo el régimen CAS en las fiscalías especializadas de Condorcanqui, Río Santiago y El Cenepa podría poner en riesgo la continuidad de la atención de más de 800 denuncias por delitos contra la libertad sexual en agravio de niños y adolescentes, registradas a la fecha.

Asimismo, se informó sobre la deficiente asignación presupuestal para la contratación de personal especializado, situación que afecta el funcionamiento de estas fiscalías y la atención oportuna de los casos.

Coordinaciones para garantizar la continuidad

Representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señalaron que desde el año pasado se vienen realizando coordinaciones con el Ministerio Público para prevenir cualquier discontinuidad en la atención de los casos. Entre enero y febrero de este año se realizaron reuniones para asegurar la permanencia de las fiscalías especializadas y gestionar una solicitud de recursos adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, el MEF indicó ante la Comisión que la asignación de estos recursos depende del Ministerio Público y del MIMP, al tratarse de sectores responsables de la implementación de las políticas públicas en la materia. Desde el MIMP se informó que actualmente se viene articulando con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para presentar una solicitud formal ante el MEF que permita garantizar la continuidad de las acciones implementadas en el marco del Decreto de Urgencia N.° 005, que creó el eje de intervención en Condorcanqui.

Avance de los procesos judiciales

Durante la sesión también se abordó la situación de los procesos judiciales vinculados a estos casos. Ante la consulta sobre el avance de las investigaciones, representantes del Ministerio Público explicaron que las evaluaciones psicológicas, médicas y la compleja geografía de la zona dificultan el desarrollo de las diligencias, lo que genera retrasos en la resolución de los casos.

No obstante, señalaron que se han realizado exhortaciones para acelerar la atención y mejorar la productividad en las investigaciones. Asimismo, se precisó que nunca hubo abandono de los casos, ya que durante el periodo en que concluyeron algunos contratos CAS, las carpetas fiscales continuaron su trámite y fueron derivadas a la Fiscalía de Condorcanqui para garantizar su continuidad.

Compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes

La presidente de la Comisión de la Mujer y Familia, congresista Milagros Jáuregui, reafirmó el compromiso del grupo de trabajo parlamentario con la protección de las víctimas de violencia sexual.

“La protección de los niños debe ser una prioridad del Estado. El violador debe responder por sus delitos y no las víctimas. Debemos fortalecer las políticas de prevención, la educación y la atención integral para garantizar justicia y protección a quienes han sufrido violencia”, señaló.

Finalmente, la Comisión reafirmó su compromiso de seguir fiscalizando y promoviendo medidas que permitan garantizar recursos, fortalecer la atención de las fiscalías especializadas y asegurar justicia para las víctimas.