La Comisión Especial de Seguimiento a la Lucha contra la Trata de Personas, presidida por el congresista Alejandro Muñante Barrios (bancada Renovación Popular), sesionó el día de hoy, donde la agenda tuvo como eje central el análisis de las políticas de asistencia y los resultados operativos de las instituciones encargadas de combatir este flagelo en el país. La reunión se dio en la sala Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Durante la sesión, Vanessa Tejada Fernández, directora general contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), detalló los sistemas de protección nacional e internacional para población migrante y refugiada. Ante esta exposición, el congresista Alejandro Muñante  intervino para señalar que «es preocupante que, a pesar de contar con estas unidades, las víctimas de trata terminen en albergues comunes donde conviven con menores que presentan perfiles de vulnerabilidad distintos, lo cual impide una recuperación especializada y segura para quienes han sufrido explotación». El parlamentario subrayó la urgencia de establecer centros exclusivos que garanticen una atención diferenciada.

Por su parte, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, presentó información actualizada sobre los avances en la persecución de este delito. Al respecto, la congresista Kira Alcarraz Agüero (bancada Podemos Perú) manifestó que «no podemos permitir que la justicia llegue tarde o simplemente no llegue, especialmente en zonas como La Pampa en Madre de Dios, donde la impunidad parece haberse normalizado ante la vista de todos». La legisladora instó a fortalecer la presencia fiscal en los territorios más críticos del país para revertir estas cifras.

En otro momento, la congresista Mery Eliana Infantes Castañeda (bancada Fuerza Popular) expresó que «es necesario que el presupuesto asignado para la lucha contra la trata se ejecute con transparencia y eficiencia, pues no servirá de nada tener planes ambiciosos si los recursos no llegan a las unidades que operan directamente en las zonas de frontera». Bajo esa misma línea, el titular de la comisión solicitó un informe pormenorizado sobre la ejecución presupuestal de las fiscalías especializadas para asegurar que los recursos se utilicen efectivamente en la persecución del delito y el rescate de las víctimas.

Finalmente, el presidente de la comisión, Alejandro Muñante Barrios, reafirmó el compromiso del Legislativo en la fiscalización de las políticas públicas, señalando que «nuestro objetivo principal es garantizar que los protocolos de protección no se queden solo en el papel, sino que se traduzcan en una asistencia efectiva y oportuna que devuelva la dignidad a las víctimas y asegure que los responsables enfrenten con todo el rigor a la justicia peruana».

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