Los recientes desastres naturales en Arequipa y Ocucaje no son simples caprichos de la naturaleza. Son la factura de años de improvisación, corrupción y negligencia política. Cuando el agua arrasa viviendas, cultivos y vidas, no solo fluye el río: aflora también la podredumbre de un sistema que convirtió la descolmatación de ríos y quebradas en caja chica de quienes gobiernan.

Con el fenómeno de El Niño en curso, el país vuelve a rezar. Pero la prevención no es cuestión de fe, sino de gestión. Y allí es donde el Gobierno ha fracasado.

La creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fue presentada por Dina Boluarte y Alberto Otárola como la solución técnica que enterraría la ineficiencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La promesa era clara: destrabar obras, blindar contratos, profesionalizar la gestión. La realidad, al cierre de 2025, es devastadora.

Más de 2,500 obras paralizadas en el país y miles de millones de soles inmovilizados revelan que la ANIN no solo heredó problemas: los multiplicó. En el norte, más de 22 proyectos estratégicos quedaron detenidos por falta de liquidez. Obras con 95% de avance convertidas en elefantes blancos por no financiar los últimos días de ejecución. ¿Ineptitud o cálculo político?

En el ejecutivo nadie asume responsabilidades, mientras miles de trabajadores pierden empleo y contratistas acumulan deudas millonarias. En cuencas vulnerables, proyectos de prevención avanzan a paso de tortuga o están completamente detenidos. Y en regiones como La Libertad y Piura, defensas ribereñas ya presentan grietas antes de enfrentar una nueva temporada de lluvias.

La Contraloría ha identificado perjuicios económicos y pagos por trabajos no ejecutados. Cambios de diseños, valorizaciones infladas y consorcios con vínculos sospechosos revelan que la corrupción no fue erradicada: se sofisticó. La ANIN prometió contratos modernos; terminó reproduciendo viejos vicios.

Mientras tanto, alcaldes y gobernadores, entre la denuncia y la complacencia, también han fallado. Presupuestos desviados, supervisión inexistente y una estructura “Lima-céntrica” que abandona a comunidades rurales completan el cuadro.

La infraestructura no espera y la naturaleza tampoco. Si el Gobierno no asume responsabilidad política inmediata, si no se despolitizan los cargos y se garantiza financiamiento real y control estricto, la próxima tragedia no será sorpresa: será consecuencia.

El Niño ya toca la puerta. Y el país no está listo. La pregunta no es si vendrá otro desastre, sino si el Gobierno caerá sepultado bajo el lodo de su propia ineficiencia.

Parlamentario Andino – Fernando Arce Alvarado