Con el fin de contar con información sobre cómo avanza la reglamentación de la Ley 32534, que modifica la Ley 32190, Ley que crea el Registro único consolidado de personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos, la congresista Margot Palacios Huamán (NoA) organizó una mesa de trabajo con participación de funcionarios de diversas entidades estatales.

La Ley 32534 fue promulgada el 24 de diciembre del año 2025. Se trata de un dispositivo legal que tiene el fin de precisar su ámbito de aplicación, fortalecer su marco regulatorio y garantizar una respuesta efectiva y transparente frente a emergencias ambientales.

La norma incorpora los artículos 3 y 4 en la mencionada Ley 32190, Ley que crea el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos.

El artículo tercero precisa que se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que hayan sido afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos, originados como consecuencia de las actividades realizadas por empresas del sector hidrocarburos que cuenten con la respectiva autorización sectorial vigente

Además, se establece que el Ministerio de Energía y Minas inscribirá en dicho registro a “las personas naturales o jurídicas que hayan resultado afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos ocurridos en la costa peruana y declarados en emergencia ambiental, entre el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley”.

De acuerdo con su única Disposición Complementaria Final, el Poder Ejecutivo debió adecuar el reglamento de la Ley 32190 en un plazo no mayor de treinta días calendario a partir de su entrada en vigor, hecho que aún no se concreta.

Participaron funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Defensoría del Pueblo.

Por su parte, los representantes de diferentes asociaciones de afectados por el derrame de petróleo acaecido el 15 de enero de 2022, participaron con sus interrogantes y plantearon la exigencia de que se finalice con el mencionado registro, y se concrete la reglamentación legal del dispositivo legal.

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