La comisión investigadora encargada de examinar la ejecución presupuestaria de programas sociales, organismos públicos descentralizados y entidades supervisoras aprobó, este viernes 20, su informe preliminar y solicitó una ampliación de 50 días hábiles para culminar el análisis técnico y jurídico de los hallazgos detectados.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Katy Ugarte Mamani (bancada JPP-VP-BM), sostuvo que el mencionado grupo de trabajo realizó sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas desde su instalación, además de recibir a ministros, exministros, titulares de organismos supervisores, alcaldes y funcionarios técnicos.

Asimismo, explicó que el equipo parlamentario recopiló documentación presupuestal, contractual y sanitaria correspondiente a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

“Señores congresistas, desde la instalación de la presente comisión hemos ejecutado sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas; hemos recibido comparecencias (…) y hemos recabado documentación presupuestal, contractual, sanitaria, técnica y administrativa (…) Esto significa que estamos ante una investigación contrastada, documentada y verificable”, afirmó.

Asimismo, la comisión investigadora centró parte sustancial de su revisión en el Programa Nacional de Alimentación Escolar, en su transición institucional de Qali Warma a Wasi Mikuna. Según precisó la presidenta del grupo, el equipo reconstruyó la cadena integral del servicio alimentario, desde la contratación hasta la distribución final; sin embargo, advirtió que los cambios de denominación no garantizaron mejoras estructurales en la gestión.

Ugarte informó que un reporte de orientación detectó 34 órdenes de compra y 55 órdenes de servicio pendientes de actualización, situación que -según enfatizó- compromete la transparencia y el control del gasto público. Además, recordó que encuestas previas evidenciaron percepción negativa del servicio en un porcentaje significativo de estudiantes.

A ello se sumaron casos de presunta intoxicación escolar en regiones como Amazonas y Piura, donde más de 30 alumnos resultaron hospitalizados tras consumir productos del programa. En ese contexto, el Ejecutivo declaró la emergencia del servicio alimentario hasta diciembre de 2025 y dispuso el cierre de Wasi Mikuna mediante el Decreto Supremo N.° 006-2025-MIDIS.

En paralelo, la comisión investigadora evaluó el desempeño del Programa del Vaso de Leche y el Programa de Complementación Alimentaria. El informe preliminar identificó brechas entre presupuesto asignado, gasto devengado y ejecución efectiva en diversas municipalidades. En algunos casos, los niveles de ejecución fluctuaron entre 0 % y 20 % durante más de la mitad del ejercicio fiscal, y en determinados escenarios más del 60 % del presupuesto no se utilizó oportunamente.

Para la presidenta del grupo de trabajo, estos patrones revelan debilidades en programación y contratación que requieren contrastación documental y determinación de responsabilidades.

SUPERVISIÓN

La comisión también amplió su análisis hacia organismos reguladores como Sunass, Osinerming y Osiptel, evaluando la correspondencia entre gasto ejecutado y resultados en la supervisión de servicios esenciales.

El grupo parlamentario advirtió que la anemia infantil en menores de 6 a 35 meses supera el 34 % a nivel nacional, mientras persisten interrupciones eléctricas y brechas en conectividad. En esa línea, la comisión viene contrastando la ejecución presupuestal con indicadores de calidad y continuidad del servicio reportados por concesionarias.

CAMBIO DE CONDICIÓN DE EXMINISTRO

En el marco de la investigación, la comisión acordó variar la condición del exministro Julio Javier Demartini Montes, quien pasó de compareciente a investigado por indicios vinculados a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), especialmente respecto a la administración presupuestal y mecanismos de supervisión del programa alimentario.

“Los hallazgos preliminares no permiten afirmar que estamos ante hechos aislados o errores administrativos menores”, sostuvo Ugarte, al tiempo de añadir que el grupo debe culminar la revisión de expedientes de contratación, solicitar información complementaria a entidades como la Contraloría y el Ministerio Público, recibir descargos formales y sistematizar información técnica
interanual.

Tras el sustento del informe y al no registrarse observaciones de los congresistas presentes, la presidenta declaró aprobado el documento preliminar y solicitó la exoneración del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados.

De esta manera, la comisión investigadora continuará sus actuaciones con el objetivo de presentar un informe final exhaustivo que determine si las irregularidades detectadas configuran responsabilidades administrativas, civiles o penales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL