La problemática de la formalización de la propiedad en el Perú que sigue enfrentando desafíos estructurales, fue materia de análisis hoy en un evento organizado por el despacho del legislador Edgar Tello Montes (bancada Podemos Perú), que contó con la presencia de su colega Jaime Quito Sarmiento (bancada Socialista).

Durante la actividad denominada: “Formalización de la propiedad informal, la última prórroga que define el futuro de miles de posesiones urbanas y rurales”, participaron funcionarios y representantes de diversas entidades públicas y privadas quienes hicieron llegar sus aportes y puntos de vista al respecto.

Se dio a conocer que dicho evento se sustenta en los proyectos de ley 7406/2023 y 7407/2023 orientados para ampliar y fortalecer los procesos de formalización de la propiedad en el país, que luego se convirtieron en normas como la Ley N°32267, publicada en marzo de 2025, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la fecha límite de posesión para la formalización de predios ocupados por posesiones informales en terrenos estatales.

Esta norma, basada en el Proyecto de Ley 7406, buscaba agilizar la titulación a través de COFOPRI, exonerando el pago de tasas hasta 2026 y permite la permuta de terrenos estatales ocupados.

La Ley 32267 es una norma aprobada por insistencia que amplía por última vez los plazos para la formalización de la propiedad informal en terrenos estatales ocupados por posesiones informales (como asentamientos humanos o asociaciones de vivienda).

Al respecto, el parlamentario Tello Montes, sostuvo que la formalización de la propiedad en el Perú sigue enfrentando desafíos estructurales, marcados por la alta informalidad (casi 2/3 de viviendas nuevas son informales), tráfico de tierras, lentitud administrativa, la falta de recursos, zonas de difícil acceso y la necesidad de regularizar posesiones antiguas, buscando cerrar brechas de servicios básicos.

Añadió que las normas dictadas por el Congreso están ayudando a fortalecer la formalización de las propiedades de miles de peruanos y resolviendo conflictos sociales estableciendo mecanismos para que las entidades públicas puedan desistirse de procesos judiciales de desalojo si los ocupantes cumplen con los requisitos de formalización.

La norma busca brindar seguridad jurídica a las familias para que puedan acceder a servicios básicos (luz, agua) y utilizar sus títulos para créditos hipotecarios

“Desde la vigencia de esta ley (32267), se han inscrito más de dos millones 500 mil de títulos de propiedad en el país. Sin embargo, aún existe una brecha superior a los dos millones de predios urbanos sin formalizar. La formalización no se debe comprender solo como un trámite administrativo, sino como una herramienta estratégica para mejorar la calidad de vida y permitir el acceso de servicios básicos para millones de compatriotas”, manifestó.

En relación con el tema José Mas Camus, superintendente nacional de bienes estatales, informó sobre las diversas acciones que desarrollando la entidad en relación con este tema señalando que se requiere actividades operativas a través de los gobiernos regionales para formalizar la propiedad rural, toda vez que ya existe la norma para este caso y se requiere recursos y organización para hacer el trabajo de campo y emitir títulos.

A su turno, el legislador Quito Sarmiento, coincidió con su colega Tello Montes en la necesidad de cerrar brechas sociales y económicas en este tema que afecta a millones de ciudadanos.  Fue un largo trabajo y esfuerzo para ordenar a través de leyes dadas por el Congreso, en este caso, indicó.

“Hago un llamado a las autoridades del sector vivienda y agrario, sean permisibles con la aplicación de las leyes aprobadas para este caso. Darles salidas y viabilidad es una prioridad para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos. Saludo al congresista Edgar Tello, por su entrega y labor en este caso, expresó.

En el evento, también participaron representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asociaciones de productores agrícolas y COFOPRI, entre otros.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL