La Oficina de Participación Ciudadana organizó una nueva edición del martes democrático, que trató sobre la “Fiscalización de la venta de chips y su rol contra la delincuencia”, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los mecanismos de control vigentes y su impacto directo en la seguridad pública.

Durante la jornada, especialistas del sector telecomunicaciones y de la Policía Nacional analizaron los riesgos asociados a la contratación informal de servicios móviles y destacaron la necesidad de fortalecer la supervisión estatal.

En el curso de su exposición, el ingeniero electrónico Luis Pacheco Zeballos explicó que Osiptel ejerce una función técnica y neutral dentro del mercado de telecomunicaciones. Señaló que el regulador adopta decisiones equilibradas para garantizar competencia, calidad del servicio y protección de derechos, además de fiscalizar y sancionar incumplimientos cuando corresponde.

En ese contexto, Pacheco Zeballos advirtió que el incremento de los problemas de seguridad ciudadana otorgó una relevancia especial a los procesos de contratación de líneas móviles. Indicó que el regulador fiscaliza que estas contrataciones se realicen de manera adecuada para evitar la suplantación de identidad y otras prácticas delictivas.

OPERADORAS

El expositor remarcó que la normativa vigente atribuye a las empresas operadoras la responsabilidad total del proceso de contratación, incluso cuando subcontratan distribuidores o puntos de venta. Sin embargo, alertó que la venta ambulatoria de chips persiste como un foco crítico, ya que muchos vendedores no cumplen los protocolos de seguridad. Recordó que el Congreso penalizó esta práctica mediante leyes recientes, al comprobarse que dichas contrataciones informales facilitan el uso de líneas telefónicas por organizaciones criminales.

Pacheco Zeballos exhortó a la ciudadanía a no contratar servicios de telecomunicaciones en la vía pública, debido a los riesgos asociados al manejo de datos sensibles, como la huella dactilar. “No estamos comprando un chip; estamos celebrando un contrato de servicio público”, enfatizó, tras advertir que en espacios informales se han detectado registros con identidades falsas utilizadas para cometer extorsiones y estafas.

Asimismo, explicó que desde 2024 rigen los denominados requisitos esenciales para la contratación, los cuales obligan a realizar estos procesos únicamente en locales autorizados. Las empresas deben reportar todos sus puntos de venta y registrar cada transacción con validación biométrica del vendedor y del comprador, medidas que buscan cerrar los vacíos que antes permitían contrataciones fraudulentas.

El especialista también detalló el funcionamiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), creado para combatir el robo de celulares. Indicó que el sistema integra una lista negra y una lista blanca, lo que permite bloquear equipos robados y evitar que operen con IMEI adulterados. Gracias a estas medidas, afirmó, los robos diarios de teléfonos móviles se redujeron en cerca de 38 % desde 2017, aunque el problema persiste con miles de casos reportados cada día.

Pacheco Zeballos informó que el regulador ejecutó más de mil acciones de fiscalización para frenar la venta informal de chips, pese a la resistencia inicial de algunas empresas, que incluso denunciaron estas medidas ante Indecopi. Añadió que la autoridad de competencia validó dichas acciones y que, actualmente, la ley tipifica esta conducta como delito, lo que permite la baja inmediata de líneas involucradas y la remisión de información a Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público.

CIBERDELINCUENCIA Y USO DE TECNOLOGÍA

Por su parte, Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en investigación y delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, advirtió que los delitos informáticos crecieron de manera sostenida en los últimos 10 a 15 años, con un pico durante la pandemia.

“La pérdida de un celular implica la exposición de información muy importante”, señaló, al destacar que la extorsión se realiza principalmente mediante aplicaciones como WhatsApp, lo que complejiza las investigaciones.

Torres Moreno explicó que las herramientas tecnológicas, como el Renteseg, permiten trazar vínculos entre equipos facilitando investigaciones más eficientes. Añadió que la ley de delitos informáticos, vigente desde 2013 y sujeta a modificaciones, busca adaptarse a la evolución constante de estas modalidades criminales.

Finalmente, proyectó que las denuncias podrían superar las 240 diarias en los próximos años, lo que evidencia la magnitud del desafío.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL