El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, insistió en la defensa de las leyes aprobadas por el Parlamento, en especial la Ley 32107, sobre delitos de lesa humanidad, la cual ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, y advirtió que no puede permitirse que magistrados politizados se nieguen a aplicarlas en abierta violación de la Constitución y la división de poderes.

“He defendido y seguiré defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso frente a magistrados politizados que se niegan a cumplirlas”, afirmó, tras cuestionar recientes decisiones judiciales que, a su juicio, son injustas, ilegales e inconstitucionales.

En ese contexto, Rospigliosi Capurro denunció que la Tercera Sala Penal sentenció al coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro por hechos ocurridos en 1994 y mantiene en prisión a militares por sucesos de 1988.

Asimismo, criticó que dicha sala se haya negado a aplicar la Ley 32107 en el caso de los marinos del Frontón, un proceso por hechos ocurridos hace más de 40 años.

A ello se suma la citación al general Wilfredo Mori Orso, de 90 años, por un hecho de 1984, situación que calificó como “absolutamente intolerable”.

“El Congreso dicta las leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarlas. El Poder Judicial no legisla. Lo que estamos viendo es un desacato flagrante de la ley, de la Constitución y del principio de separación de poderes”, manifestó Rospigliosi Capurro en declaraciones a la prensa.

Sedapal y la “planilla de oro”

De otro lado, el presidente encargado del Congreso se refirió a la situación de Sedapal, que viene exigiendo un aumento de tarifas bajo el argumento de una crisis financiera.

Rospigliosi Capurro sostuvo que el problema del agua potable en Lima y en diversas ciudades del país es sumamente complejo, en gran parte debido al deficiente desempeño de las empresas públicas que dependen de los gobiernos locales y que no han logrado resolver las necesidades básicas de la población.

Por ello, consideró que ha llegado el momento de evaluar seriamente la implementación de asociaciones público-privadas como una alternativa para mejorar los servicios y cerrar brechas históricas que afectan a millones de peruanos.

Crisis política y necesidad de un gobierno fuerte

Consultado sobre las investigaciones que involucran al presidente José Jerí y la posibilidad de un cambio en el escenario político, Rospigliosi Capurro coincidió en que la inestabilidad es una constante en el país.

“En el Perú, de un día para otro, las cosas pueden cambiar. Por ahora, estamos a la espera de ver qué es lo que finalmente va a ocurrir y si aparecen pruebas contundentes” (en el Casso Jerí), subrayó.

Finalmente, reiteró que el país necesita soluciones radicales y expresó su confianza en que, a partir del próximo 28 de julio, se conforme un gobierno fuerte, capaz de aplicar medidas firmes y de restablecer de manera real y efectiva la división de poderes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL