El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, participó este martes en la conferencia de los Martes Democrático, espacio de análisis jurídico y político donde se abordó la constitucionalidad y legalidad de la Ley 32107 sobre lesa humanidad.

En el curso del encuentro, el titular del Parlamento lideró la jornada y destacó el rol de juristas y oficiales de las Fuerzas Armadas que sustentaron la vigencia de la norma ante el Tribunal Constitucional, lo que permitió ratificar su carácter constitucional tras un proceso de intenso debate.

Asimismo, Rospigliosi subrayó que el Congreso impulsó la Ley 32107 tras un amplio intercambio de posiciones y que el Tribunal Constitucional la declaró plenamente válida. En ese contexto, sostuvo que la norma representa un hito en la defensa del principio de legalidad y cuestionó la resistencia de sectores del sistema judicial a aplicarla.

“No podemos permitir que sigan inaplicando las leyes que aprueba el Congreso y que, en este caso, el Tribunal Constitucional considera plenamente constitucionales. Sin embargo, continúan desacatándolas con pretextos que no tienen ningún asidero jurídico”, dijo.

En esa línea, el titular del Parlamento explicó que la Ley 32107 reconoce principios ya existentes en el derecho penal moderno y recordó que su defensa ante el Tribunal Constitucional permitió despejar cuestionamientos sobre su aplicación.

En ese sentido, resaltó el trabajo de los expertos que expusieron “de manera brillante y enjundiosa” los fundamentos que llevaron a confirmar su constitucionalidad. A la par, advirtió que la suspensión del juez Raúl Justiniano, quien aplicó la norma en un caso concreto, evidenció presiones indebidas dentro del sistema judicial.

Como es público, en la conferencia participaron el general ® Jorge Aquiles Carcovich Córtez, el general ® Miguel Estrada Jiménez, el decano Aníbal Quiroga León, el abogado penalista Dino Carlos Caro Coria y el especialista en Derecho Penal y Constitucional Luis Alberto Pacheco Mandujano, quienes desarrollaron argumentos técnicos sobre el alcance de la ley y su interpretación conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Por su parte, Aníbal Quiroga León afirmó que la discusión revela un problema estructural en la interpretación de la ley penal. “El principio de legalidad establece que nadie puede ser sancionado por hechos que no estaban previstos claramente en la ley. Si este principio se debilita, se afecta el Estado de derecho”, señaló, al tiempo que explicó los alcances temporales del Estatuto de Roma y la imposibilidad de aplicar retroactivamente la imprescriptibilidad.

A su turno, Dino Carlos Caro Coria enfatizó que el debate debe centrarse en la legalidad penal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Según indicó, la imprescriptibilidad solo rige desde la entrada en vigor de los tratados internacionales correspondientes y no puede proyectarse hacia hechos anteriores. “La legalidad no es una salida trasera; es una regla esencial del sistema”, puntualizó.

Desde la perspectiva institucional, Miguel Estrada Jiménez sostuvo que las Fuerzas Armadas actuaron entre 1980 y 2000 en defensa de la Constitución y de la sociedad frente a la violencia terrorista. En la misma línea, Luis Alberto Pacheco Mandujano advirtió que quebrar el principio de legalidad “implica el derrumbe del Estado de derecho”, mientras que Jorge Aquiles Carcovich Córtez respaldó la necesidad de respetar la jerarquía normativa y las decisiones del Tribunal Constitucional.

Finalmente, los organizadores entregaron diplomas de honor a los participantes en reconocimiento a su labor en defensa de la constitucionalidad y legalidad de la Ley 32107, cerrando una jornada que puso en el centro del debate la vigencia del Estado de derecho y el respeto a las decisiones del máximo intérprete de la Constitución.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL