El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, informó esta mañana que ha presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño, a quien acusa de incurrir en presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301 referida a la regulación de la APCI y organizaciones no gubernamentales (ONG).

En conferencia de prensa, Rospigliosi Capurro señaló que esa norma prohíbe expresamente el uso de fondos de origen extranjero para promover demandas o acciones judiciales destinadas a atacar o debilitar al Estado peruano.

En ese sentido, calificó como grave que determinadas ONG utilicen recursos provenientes del exterior para emprender acciones contra instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encargadas de garantizar la defensa nacional y el orden interno.

El titular del Parlamento precisó que la denuncia ya fue ingresada formalmente a través de la mesa de partes virtual de la JNJ.

Rospigliosi Capurro informó, además, que participó de manera virtual en una sesión de un tribunal que procesa a miembros de las Fuerzas Armadas por el caso Cayara. En ese sentido, expresó su preocupación, al considerar que se trata de un procedimiento irregular, ilegal y prevaricador, debido a que se está desconociendo la aplicación de la Ley 32107, referida a los delitos de lesa humanidad.

“La audiencia ha sido nuevamente postergada hasta el 30 de enero, con la preocupación adicional de que los jueces salen de vacaciones el 1 de febrero. Espero que el caso se resuelva conforme a la ley, tal como lo ha determinado el Tribunal Constitucional, que ha validado la constitucionalidad y vigencia de la Ley 32107”, declaró.

El presidente del Congreso reiteró la necesidad de que todos los jueces apliquen la ley vigente, y demandó el cese de lo que denominó una “persecución ilegal” contra policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990.

INFORME FINAL

En otro momento, Rospigliosi Capurro negó que el Congreso haya “encarpetado” el informe final de la comisión investigadora de las licitaciones públicas otorgadas a las empresas chinas.

“Eso es falso”, puntualizó, al tiempo de informar que ese tema se puso a debate en la sesión del Pleno del 16 de mayo de 2024.

“Hubo varias observaciones y críticas a las conclusiones del informe final. Por eso, el presidente de la comisión (Héctor Valer) pidió un cuarto intermedio, es decir, se puso en pausa el debate de ese documento.

Explicó que el presidente de la comisión tiene que presentar el informe corregido para levantar el cuarto intermedio, asunto que no lo ha hecho hasta el día de hoy.

También precisó que para que este tema ingrese nuevamente al Pleno tiene que ser priorizado en una sesión de Junta de Portavoces.

“No puede pedir el congresista que se ponga a debate algo que él todavía no ha presentado. Tiene que presentar el informe corregido, y luego tiene que ser priorizado”, anotó.

CONVOCATORIA

El titular del Parlamento aclaró que, en cumplimiento a lo que señala el artículo 50 del Reglamento del Congreso, él no puede convocar a una sesión extraordinaria del Pleno.

“Solo lo puede convocar el presidente de la república, con una agenda especifica e inamovible, y con una solicitud suscrita por 78 congresistas, también con una agenda especifica”, concluyó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL