La Comisión Permanente otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el fin de que investigue y presente informe final respecto a la Denuncia Constitucional 645 contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones; el exministro del Interior, Dimitri Nicolás Senmache Artola y el exministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue.

La decisión se adoptó por 13 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones, durante la sesión de ese órgano parlamentario, que fue conducido por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

La denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela. Los denunciados serían presuntos autores del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, delito tipificado y sancionado por el artículo 399 del Código Penal.

En el informe de calificación de esta denuncia constitucional, declarada procedente, se señala que “se habría designado a dos miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, Roberto Burgos del Carpio y Arturo Antonio Giles Ferrer de manera irregular al no cumplir con el proceso establecido en las normas que regulan la designación, ya que no se habría realizado la evaluación de méritos”.

AL ARCHIVO

Pasaron al archivo cinco denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entre ellas, la Denuncia Constitucional 644, interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela, exfiscal de la nación, contra el legislador Alejandro Soto Reyes; la Denuncia Constitucional 650, interpuesta por los denunciantes Irma Mariela Cayo Sánchez y Jorge Luis Otoya Villalva, contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la república; y exministros de ese Gobierno.

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