El Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR que inhabilita por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza, después de atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.

Los parlamentarios respaldaron la medida con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que las reconsideraciones planteadas por Jorge Montoya y Norma Yarrow permitieran someter nuevamente el proyecto a votación.

FUNDAMENTOS

Según el informe del proyecto, detalla que el procedimiento constitucional se desarrolló desde octubre de 2024, cuando los congresistas Fernando Rospigliosi (bancada FP), José Cueto (bancada HyD) y Alfredo Azurín (bancada SP) presentaron la denuncia que alcanzó a varios fiscales supremos por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, además de infracciones constitucionales vinculadas a los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Carta Magna.

Tras esa presentación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la acusación y, posteriormente, la Comisión Permanente habilitó el plazo de investigación, lo que permitió continuar con el caso.

Durante la etapa indagatoria, la Subcomisión convocó a audiencia a las partes, escuchó los descargos de los denunciados y mantuvo el derecho a defensa técnica. Asimismo, el grupo parlamentario concluyó que la resolución fiscal 2246-2024-MP-FN habría contravenido la Ley N.° 32130 al alterar, en la práctica, la distribución de funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en la fase preliminar.

Esa conclusión se apoyó en el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley y reafirmó que su finalidad es “maximizar el rol operativo” de la Policía en la investigación inicial del delito.

En ese contexto, el informe final elaborado por la Subcomisión propuso acusar a la fiscal suprema por infracción constitucional y por los delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal. La Comisión Permanente respaldó ese documento el 25 de noviembre de 2025 y autorizó la conformación de la subcomisión acusadora encargada de sustentar el caso ante el Pleno.

Finalmente, después de un debate que se extendió hasta la sesión del 3 de diciembre de 2025, el Parlamento resolvió inhabilitar a la magistrada por 10 años. La resolución sostiene que se respetaron todas las garantías del debido procedimiento y que la denunciada ejerció plenamente su derecho a la contradicción.

Sin embargo, tras la votación, la congresista Susel Paredes (bancada Bloque Democráctico Popular) presentó una reconsideración con el objetivo de anular la aprobación de la resolución legislativa, pero no fue aprobada.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL