Por amplia mayoría (84 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para garantizar la continuidad académica de los docentes universitarios nombrados bajo el marco de la derogada Ley 23733.

El titular de la comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (bancada PL) señaló que el dictamen, recaído en los Proyectos de Ley 12275/2025-CR, 12911/2025-CR, 12966/2025-CR, 13055/2025-CR y 13122/2025-CR, incorpora una disposición excepcional que reconoce la trayectoria de los docentes formados bajo la legislación anterior.

“Con esta ley buscamos proteger la continuidad académica y laboral de nuestros docentes universitarios que ingresaron al magisterio durante y hasta la vigencia de la Ley 23733. Para ellos, el cumplimiento de los grados académicos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 30220 será opcional o no exigible. Este Congreso reconoce su experiencia, su aporte y su compromiso con la educación superior del país”, expresó el presidente de la Comisión de Educación.

El dictamen también incorpora la Disposición Complementaria Final Única, que amplía hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para que los docentes de universidades públicas y privadas cumplan con los requisitos académicos establecidos en la Ley 30220.

“Esta ampliación de plazo es una medida responsable y necesaria. Permitirá que miles de docentes puedan completar los grados académicos exigidos sin poner en riesgo la continuidad de las clases ni la estabilidad institucional. Estamos fortaleciendo el sistema universitario sin vulnerar derechos”, afirmó Montalvo Cubas.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Educación sostuvo que esta decisión contribuye a asegurar un proceso de adecuación ordenado, justo y respetuoso de la realidad de las universidades del país.

DEBATE

Durante el debate, el congresista Luis Ángel Aragón Carreño (bancada Acción Popular) señaló que el dictamen “no otorga un privilegio, sino que reconoce un derecho y respeta la legalidad bajo la cual fueron nombrados los docentes”.

Enfatizó que la experiencia de décadas no puede ser reemplazada únicamente por nuevos títulos, especialmente en aquellos docentes que formaron su carrera bajo un marco normativo distinto.
Agregó que los datos muestran que, de una muestra de 16 000 docentes nombrados en universidades públicas, más de 3 200 ejercen sin maestría o doctorado, no por negligencia, sino porque así lo permitía la legislación vigente al momento de su incorporación.

Por su parte, el legislador Guido Bellido Ugarte (bancada PP) enfatizó que el proyecto de ley no genera gasto público, no crea nuevas plazas, ni incrementa planillas, bonos o beneficios adicionales.

Señaló que hoy el Parlamento hace “justicia” con docentes que han servido al país por décadas y calificó la situación actual como un “abuso” que debía ser corregido.

A su turno, el congresista José María Balcázar Zelada (bancada Perú Libre) sostuvo que este proyecto constituye una salida real para los docentes que no han podido obtener los títulos requeridos.

Argumentó que la Ley 30220 impuso una carga injustificada, al equiparar la meritocracia y la investigación únicamente con maestrías y doctorados, lo cual dijo fue un error que debe corregirse para evitar un desempleo inminente en el sector universitario.

La propuesta fue exonerada de segunda votación, por lo que quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL