En sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó diversos dictámenes orientados a fortalecer la protección de menores de edad, modernizar el sistema de defensa jurídica del Estado y promover la reinserción social de personas excarceladas. Asimismo, varios proyectos fueron enviados a cuarto intermedio para un análisis más amplio.

Por mayoría, aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7693/2023-CR, que establece la evaluación psicológica especializada y la terapia familiar obligatoria en casos de divorcio, tenencia y régimen de visitas cuando existan riesgos emocionales para niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa, propuesta por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (bancada APP), busca dotar al sistema judicial de mecanismos claros y proporcionados que protejan el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes expuestos a conflictos familiares.

El dictamen precisa que la evaluación psicológica no será automática, que el juez solo podrá ordenarla ante riesgo emocional, afectación al bienestar del menor o conflictividad severa entre los progenitores y que las intervenciones se desarrollarán a través de servicios ya existentes del MINSA u otras instituciones acreditadas, sin generar gasto público adicional.

El congresista José Balcázar Zelada (bancada PL) destacó que muchas madres en situación de violencia o abandono continúan enfrentando procesos sin apoyo emocional adecuado, lo que profundiza su vulnerabilidad y afecta también a sus hijos.

RESOCIALIZACIÓN

También aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 8681/2024-CR, de autoría del congresista Waldemar Cerrón Rojas (bancada PL), que declara de interés nacional la creación del Programa Nacional de Capacitación Industrial (PRONACIP), orientado a capacitar a personas liberadas o con beneficios penitenciarios.

El programa busca reducir la reincidencia delictiva, mejorar la empleabilidad mediante formación industrial y cumplir con el mandato constitucional de resocialización.
La evidencia demuestra que la capacitación reduce la reincidencia a niveles significativamente bajos, permitiendo una reinserción digna y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

EN CUARTO INTERMEDIO

La comisión pasó a cuarto intermedio el dictamen recaído en los proyectos de ley 1724/2021-CR, 2561/2021-CR, 2855/2022-CR, y otros que, propone modificar el Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.

La propuesta fue planteada por el congresista José Balcázar Zelada (PL) considerando que la iniciativa legislativa requiere ser revisado con mayor detenimiento. “Debemos analizar con calma si las modificaciones propuestas realmente contribuyen a fortalecer la labor del Ministerio Público o si podrían generar efectos contraproducentes en términos de autonomía, independencia y eficiencia”, dijo.

La propuesta busca profesionalizar la carrera del procurador público, superar la acefalía subnacional y modernizar y ordenar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

El congresista José Balcázar remarcó que el tema debe examinarse con perspectiva constitucional, cuidando la autonomía e independencia del Ministerio Público y otros órganos esenciales.
También pasó a cuarto intermedio el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 11075/2024-CR, 11240/2024-CR, 12659/2025-CR, 12866/2025-CR, 13187/2025-CR y 13337/2025-CR que propone crear el Registro Nacional de Identificación de Animales Bovinos, Ovinos y Auquénidos (RENIABOA).

La congresista Martha Moyano Delgado (bancada FP) sostuvo que, dado que el SENASA ya administra sistemas de identificación y marcación de ganado, el proyecto debería ser estudiado por la Comisión Agraria, pues atañe principalmente a competencias agrarias y sanitarias.

La congresista Silvana Robles Araujo (bancada Socialista), autora de una de las iniciativas legislativas explicó que el proyecto busca modernizar la trazabilidad animal y reforzar la lucha contra el abigeato mediante ajustes al Código Penal.

Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 12409/2025-CP y 13009/2025-CR; que propone la Ley de la abogacía peruana.

El planteamiento fue dado por el congresista Alex Paredes Gonzales (bancada SP) para que un plazo razonable se reciba opiniones de las entidades convocadas y de los colegios profesionales del país, a fin de garantizar un debate serio, inclusivo y técnicamente sólido. A la propuesta también se sumó el parlamentario Américo Gonza Castillo (bancada PL).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL