La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, presidida por la congresista Silvana Robles, en su décima y última sesión ordinaria de la primera legislatura 2025–2026, aprobó por unanimidad el predictamen de no aprobación y envió al archivo el Proyecto de Ley 12215/2025-CR, iniciativa que pretendía modificar la Ley 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Como parte del sustento técnico se concluyó que este proyecto es regresivo y pone en riesgo la vida de los PIACI, al obligar al Estado a reevaluar las reservas indígenas cada dos años, bajo criterios económicos y sujetos a presiones coyunturales y políticas. A su vez, se pretendía crear una Comisión Especial paralela e innecesaria que hubiera debilitado la institucionalidad de los PIACI, con una composición que favorecería a los sectores productivos como Energía y Minas o Agricultura.

Organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO); y, de la sociedad civil, como Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Derecho, Ambiente y Recursos Humanos, y el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, coincidieron en la inviabilidad de la referida iniciativa legislativa, por atentar contra los derechos colectivos de los PIACI y poner en riesgo su existencia en sí misma.

En la misma sesión también se aprobaron por unanimidad los predictámenes que declaran de interés nacional la creación del Área de Conservación Regional “Cóndores del Cañón de Mayobamba” en la región Ayacucho —recaído en el Proyecto de Ley 12629/2025-CR—, y la recuperación ambiental de la Cuenca Llallimayo en Puno —recaído en el Proyecto de Ley 5486/2022-CR—, reafirmando el compromiso de esta Comisión con la conservación ambiental.

Asimismo, la Comisión recibió a representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como a los presidentes de los Comités de Usuarios de Agua de Atupa y Antahurán, para abordar la situación del manantial Yarcok en la provincia de Huari, departamento de Áncash.

Al término de la sesión, la congresista Silvana Robles realizó un balance de los principales logros alcanzados en esta primera legislatura, en la que se realizaron trece sesiones, se aprobaron veintidós dictámenes y se atendieron conflictos territoriales, socioambientales e iniciativas orientadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios.