“No existe ninguna determinación técnica, ni normativa para modificar la tarifa de la Línea 1 del Metro de Lima, pese a las propuestas del concesionario” aseguró el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor, donde también explicó los retos de inversión, ampliación de capacidad y subsidios que evalúa actualmente el Estado para garantizar un servicio accesible y seguro para todos los ciudadanos.

La Comisión de Defensa del Consumidor presidida por la congresista Katy Ugarte, recibió al titular del referido organismo, quien aclaró de manera categórica que a la fecha no existe ninguna decisión que modifique la tarifa de la Línea 1 del Metro de Lima. “No hay ninguna comunicación técnica ni normativa para aumentar el pasaje. Lo que existe es una propuesta del concesionario, que estamos evaluando con rigor técnico y responsabilidad fiscal”, afirmó ante el grupo de trabajo.

Hernández explicó que la Línea 1 inició operaciones con vagones antiguos y capacidad para 300 mil pasajeros diarios, cifra que se amplió posteriormente a entre 450 mil y 500 mil usuarios gracias a una adenda que permitió renovar coches y locomotoras. Actualmente, la infraestructura operativa está al límite de su capacidad y se analiza un nuevo proyecto, valorado en aproximadamente S/ 2,000 millones, que permitiría transportar hasta un millón de pasajeros al día. Sin embargo, advirtió que este salto operativo exige inversiones en seguridad, ampliación de trenes y optimización de la infraestructura existente. “La pregunta de fondo es quién cubre la diferencia si el pasaje se mantiene en S/ 1.50 cuando transportar a más de 600 mil pasajeros cuesta mucho más. Ese subsidio tendría que asumirlo el Estado”, precisó.

El funcionario también informó que la ATU ha confirmado la viabilidad técnica para ampliar la capacidad del sistema, pero aún se evalúa si el Estado cuenta con los recursos necesarios para financiar dichas mejoras. “¿Tenemos la infraestructura para llevar más de un millón de usuarios? Sí. ¿Tenemos los recursos para pagar las modificaciones? Eso es lo que está en análisis. En este momento no existe ninguna decisión para modificar la tarifa”, reiteró Hernández, destacando que cualquier cambio deberá sustentarse en estudios técnicos y en la protección del bolsillo del ciudadano.

Por su parte la congresista Katy Ugarte señaló que el acceso a un transporte digno, seguro y eficiente es un derecho fundamental para los limeños y chalacos, y exhortó a las autoridades a priorizar mejoras que respondan al crecimiento demográfico y a la alta demanda del sistema. “Los usuarios merecen un servicio que esté a la altura de sus necesidades. Desde esta Comisión vigilaremos que no se afecte injustamente a la población y que cualquier decisión se adopte con transparencia y respeto al consumidor”, sostuvo.

En la misma sesión, la Comisión aprobó cuatro predictámenes, entre ellos  importantes reformas en favor de los consumidores. El primero moderniza el Código del Consumidor al incorporar conceptos como “proveedor digital” y “canal digital”, además de reconocer derechos fundamentales como la protección de datos personales, la seguridad de transacciones, la privacidad digital y el derecho al olvido. El segundo dictamen establece que el plazo de prescripción de una infracción administrativa se iniciará desde que el consumidor conozca el daño, evitando que afectaciones ocultas o tardías queden impunes. Estas medidas fortalecen la supervisión estatal, disminuyen prácticas abusivas y garantizan mayor justicia administrativa para millones de peruanos.