La Comisión de Constitución y Reglamento debatirá este viernes 28 de noviembre el dictamen del Proyecto de Ley 13280/2025-PE, que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, según anunció su presidente, el congresista Arturo Alegría (bancada FP).

Fue tras la sustentación del citado proyecto de ley por parte del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda y los titulares de los ministerios de Justicia, Interior, Economía y otras carteras involucradas.

Comisión de Constitución y Reglamento

Durante la sesión, congresistas de diversas bancadas expresaron preocupaciones, formularon aportes técnicos y solicitaron precisiones sobre el alcance de las propuestas, especialmente en asuntos relacionados con seguridad, economía, gestión pública y protección del patrimonio cultural.

El presidente del grupo de trabajo, Arturo Alegría, resaltó la importancia de garantizar un uso adecuado de los fondos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE).
Advirtió que una eventual redistribución podría desviar recursos de zonas turísticas y áreas naturales protegidas, desnaturalizando su objetivo. En ese sentido, pidió asegurar que, incluso con delegación de facultades, los recursos lleguen efectivamente a las regiones que los necesitan.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez Gallegos (Bancada FP) calificó la solicitud del Poder Ejecutivo como “ambiciosa”, al considerar que va más allá del ámbito de la seguridad ciudadana e incorpora sectores que requieren un análisis exhaustivo.

Expresó preocupación por iniciativas como la creación de nuevas superintendencias en un contexto de gobierno de transición y recordó que “el agravamiento de penas no ha demostrado ser una solución efectiva” para enfrentar la inseguridad.

Asimismo, cuestionó la propuesta de transferir competencias sobre bienestar animal al SENASA, a la que calificó como una “reversión de la descentralización”, y pidió precisiones sobre la modificación que permitiría a la SUNAT acceder a fondos de contribuyentes con deudas tributarias, medida que consideró un “exceso”.

El parlamentario Alejandro Cavero Alva (bancada Avanza País) solicitó una definición más clara del delito de extorsión para evitar que se confunda con el cobro legítimo de deudas. Asimismo, se mostró a favor de derogar la “burocrática” ley sobre asociaciones público-privadas en patrimonio cultural y denunció que el país cuenta con solo una fiscalía especializada para más de 25 mil sitios arqueológicos, lo que calificó de “barbaridad”.

Aplaudió la propuesta de permitir el uso del 10 % del canon para infraestructura turística y planteó ampliar estos recursos para la conservación y restauración de bienes culturales, advirtiendo que “no sirve mejorar accesos si el patrimonio se deteriora”, citando el caso de Kuélap.

Mientras tanto, las legisladoras María del Carmen Alva Prieto (bancada AP) y Adriana Tudela Gutiérrez (bancada Avanza País) respaldaron la modificación de la legislación sobre refugiados para asegurar una migración ordenada ante el incremento reciente de ingresos irregulares.

La congresista Gladys Echaíz Ramos (HyD) advirtió que varias de las propuestas implican reformas legales profundas que requieren un análisis exhaustivo.

Cuestionó la creación de nuevos tipos penales vinculados a la extorsión, recordando que el Código Penal ya regula la tentativa como parte del iter criminis.

Sobre las sanciones a quienes filtren información de inteligencia, señaló que las propias instituciones son, en muchos casos, la fuente de las filtraciones, por lo que consideró indispensable una reorganización interna de la Policía Nacional.

La legisladora Heidy Juárez Calle (bancada PP) expresó su rechazo a artículos que, según indicó, “burocratizan” la labor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), al obligar que todas sus acciones pasen por el Ministerio de Economía y Finanzas. Indicó que ello contradice el objetivo de agilizar la inversión pública y advirtió que existen más de 114 proyectos paralizados en el país, muchos con más del 50% de avance y sin financiamiento.

José Balcázar Zelada (bancada Perú Libre) se mostró a favor de la propuesta de modificar el Código Procesal Penal para reconocer la inteligencia criminal como fase preprocesal.
Afirmó que ello no vulnera el artículo 159 de la Constitución, pues la Policía puede realizar inteligencia como ocurrió en la lucha contra el terrorismo sin afectar la conducción fiscal de la investigación.

Pidió revisar los plazos de intervenciones telefónicas, fortalecer la tecnología policial y actualizar el Código Penal, diseñado para delitos individuales y no para el crimen organizado actual.

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 13280/2025-PE

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, expuso una serie de propuestas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y mejorar la eficacia de las investigaciones policiales y fiscales.

Anunció la incorporación en el Código Penal de un nuevo delito de revelación de información reservada, con el propósito de sancionar con mayor severidad a funcionarios y servidores públicos que filtren datos sensibles en el marco de investigaciones en curso.

Señaló que estas filtraciones han facilitado la fuga de investigados, frustrado operativos y obstaculizado diligencias esenciales, por lo que resulta indispensable reforzar la responsabilidad penal y la inhabilitación para quienes traicionen la reserva institucional.

Asimismo, el ministro presentó la propuesta de modificación de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, con el fin de criminalizar la adquisición, comercialización y tráfico de datos informáticos y bases de datos obtenidos ilícitamente.

Esta iniciativa busca cerrar un vacío normativo, pues la legislación actual solo sanciona la obtención ilegal de información mediante hacking, phishing u otros accesos indebidos, pero no penaliza a quienes compran o venden dicha información en mercados clandestinos.

“Si bien la normativa vigente castiga la obtención inicial de la información, persiste un vacío respecto del mercado negro que monetiza esos datos. Ese último eslabón es el que permite el crecimiento de delitos como la extorsión, el secuestro y las estafas”, enfatizó el ministro.

La propuesta del Ejecutivo plantea incorporar expresamente una nueva conducta típica en el Código Penal que sancione la compra, venta y tráfico ilícito de bases de datos, cerrando la cadena de valor criminal y reforzando la persecución penal frente a organizaciones delictivas cada vez más sofisticadas.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, presentó un conjunto integral de propuestas orientadas a fortalecer la recaudación tributaria, corregir distorsiones del sistema fiscal y agilizar la inversión pública, en armonía con la estabilidad macroeconómica del país.

En materia tributaria, anunció la modificación del Código Tributario para actualizar el régimen de intereses aplicables a devoluciones, multas tributarias y componentes de la deuda fiscal.
Explicó que las modificaciones introducidas por la Ley N.º 31962 redujeron inadvertidamente el efecto disuasivo de los intereses moratorios, lo que incentivó el retraso en el pago de obligaciones.

Asimismo, planteó modificar el artículo 181 del Código Tributario para que los intereses moratorios de las multas se computen desde la comisión o detección de la infracción, fortaleciendo la capacidad sancionadora del Estado.

También propuso ajustar el artículo 5 de la Ley N.º 28053, con el fin de armonizar el régimen de percepciones y retenciones con las nuevas reglas de intereses, dotando de un marco coherente y moderno al sistema tributario.

En cuanto a la recaudación, la ministra anunció una modificación al numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo 940, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Esta medida permitirá optimizar el acceso de la SUNAT a los fondos de detracciones para compensar deudas pendientes, reduciendo la morosidad y reforzando la formalización, en particular entre las micro y pequeñas empresas.

Adicionalmente, resaltó la necesidad de actualizar la Ley Penal Tributaria (D.L. 813), incorporando nuevos tipos penales asociados al uso indebido de documentos electrónicos, comprobantes digitales y constancias del SPOT, así como la disposición indebida de fondos de detracción. Ello busca robustecer la capacidad sancionadora del Estado frente a la evasión moderna y proteger la integridad del sistema electrónico tributario.

Finalmente, la titular del MEF expuso la propuesta de modificar el Decreto Legislativo 1192, que regula la adquisición y expropiación de inmuebles para obras públicas.

La reforma propone la creación de un procedimiento especial de liberación en bloque de áreas, destinado a reducir plazos y sobrecostos en proyectos estratégicos. La ministra recordó que las demoras por interferencias y procesos de expropiación han retrasado entre 12 y 24 meses obras vitales como la Línea 2 del Metro de Lima, carreteras, hospitales y proyectos de saneamiento. Esta medida busca otorgar mayor seguridad jurídica, agilizar la inversión y fortalecer la competitividad del país.

Cabe indicar que también participaron en la sesión el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Claudio de Zela Martínez; Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, ministro de Educación; Vladimir Germán Cuno Salcedo, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; César Manuel Quispe Luján, ministro de la Producción; Teresa Stella Mera Gómez, ministra de Comercio Exterior y Turismo.

También Luis Enrique Bravo De la Cruz, ministro de Energía y Minas; Aldo Martín Prieto Barrera, ministro de Transportes y Comunicaciones; Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Miguel Ángel Espichán Mariñas, ministro del Ambiente; Alfredo Martín Luna Briceño, ministro de Cultura; y Lesly Nadir Shica Seguil, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL