La Comisión de Mujer y Familia, presidida por Milagros Jáuregui de Aguayo (bancada RP) aprobó este lunes, con 11 votos a favor, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.°12602/2025-CR, que propone modificar la Ley N.° 31405 para ampliar su alcance y proteger a los hijos de trabajadores del servicio de transporte público que fallecieron por actos delictivos mientras cumplían sus funciones.

La presidenta de la comisión sostuvo que la medida busca cerrar una brecha urgente de atención y garantizar que estos menores reciban asistencia económica sin necesidad de acreditar pobreza, dada la naturaleza reparatoria del hecho y el interés superior del niño.

El dictamen incorpora el párrafo 2.5 en el artículo 2 y el párrafo 7.3 en el artículo 7 de la Ley N.° 31405, lo que permitirá que los niños y adolescentes cuyas madres o padres murieron por delitos cometidos durante la prestación del servicio de transporte urbano, interurbano o rural accedan al beneficio incluso si ya cuentan con una pensión contributiva de orfandad o sobrevivencia.

Vale indicar que el proyecto solo prohíbe la acumulación con otra asistencia no contributiva originada por el mismo acto delictivo.

La propuesta también establece un procedimiento claro para acreditar el crimen: se requerirá una constancia de la Policía Nacional sobre el inicio de la investigación y otra del Ministerio Público que confirme la apertura de diligencias penales. Con estos documentos, el Inabif podrá otorgar la asistencia de manera provisional, aunque su permanencia dependerá de la formalización de la investigación o de una sentencia firme. Si se determina que no hubo delito, la institución deberá extinguir el beneficio.

PROTECCIÓN DE NIÑOS

En otro punto de la agenda, la comisión aprobó —con 13 votos a favor— el dictamen del Proyecto de Ley N:° 11842/2024-CR, que modifica los artículos 125, 128 y 129 del Código Penal para reforzar la protección penal de niños, adolescentes y personas dependientes ante situaciones de exposición o abandono.

La presidenta de la comisión explicó que el texto incorpora penas más severas y dispone que las sentencias condenatorias sean comunicadas a las autoridades de familia para adoptar medidas sobre la patria potestad o la tutela.

Seguidamente, el grupo legislativo respaldó —con 11 votos a favor— el dictamen conjunto de los proyectos de ley 11635/2024-CR y 13074/2025-CR, que modifica la Ley N.° 28223 sobre desplazamientos internos. La reforma amplía la definición legal para incluir a personas afectadas por desastres naturales o emergencias inducidas por acción humana. También refuerza la articulación entre el MIMP, la PCM, Indeci y Cenepred para asegurar una respuesta coherente en el marco del Sinagerd.

Para concluir, con 10 votos a favor, la comisión aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.° 11342/2024-CR, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal para priorizar la actuación inmediata de la prueba anticipada en casos de trata de personas y delitos sexuales contra menores.

La iniciativa ordena que el juez actúe con celeridad, incluso de oficio, cuando la víctima sea un niño o adolescente, y que las entrevistas se realicen en cámaras Gesell con participación de psicólogos especializados.

Con estas decisiones concluyó la octava sesión ordinaria del periodo anual de sesiones 2025-2026, en la que la comisión avanzó reformas orientadas a fortalecer la protección integral de la niñez, los adolescentes y las poblaciones vulnerables frente a situaciones de violencia, abandono, delito y desplazamiento.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL