La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), aprobó por unanimidad citar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, a fin de que informe sobre diversos temas de su sector, entre ellos, los cuestionamientos a la directora del programa Llamkasun Perú.

Asimismo, el grupo de trabajo decidió convocar a Jessica Tumi Rivas, directora de ese programa social adscrito al MTPE, quien aparece en múltiples videos destacando presuntos logros en varias regiones del país.

El presidente de la comisión advirtió que Rivas atraviesa un proceso de precandidatura dentro de una fórmula presidencial, situación que podría vulnerar el principio de neutralidad en la función pública.

PLAN DE TRABAJO

Con 13 votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el Plan de Trabajo correspondiente para revisar presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco, durante la gestión de Antonio Leónidas Pulgar Lucas.

La investigación comprende 22 obras públicas, posibles sobrecostos, contratos vinculados al Grupo Pérgola SAC y deficiencias en proyectos de alto impacto, como el Hospital de Santa María.
El plan contempla la realización de revisión documentaria, citaciones, visitas in situ y coordinaciones con entidades de control, todo ello conforme al cronograma establecido, con el objetivo de elaborar un informe final.

Durante el debate, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (bancada SP) solicitó incorporar a la Procuraduría General del Estado en la fase de coordinación interinstitucional, debido a las denuncias e investigaciones vinculadas a casos de corrupción que esta entidad viene impulsando.

CRISIS EN LA UNI

Con 14 votos a favor, la comisión también aprobó la conformación de un grupo de trabajo encargado de emitir un informe y recomendaciones sobre la problemática administrativa y la disputa por la titularidad (rectorado) de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El grupo estará integrado por los congresistas Carlos Zeballos Madariaga (bancada BDP) y Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP), quienes tendrán un plazo de 15 días calendario, dado que la legislatura concluye en menos de un mes.

La decisión fue adoptada luego de escuchar las exposiciones de representantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre la situación de la casa de estudios.

Durante la sesión, la congresista Katy Ugarte Mamani (bancada JPP–VP–BM) advirtió que más de 1 200 estudiantes vienen siendo perjudicados al no poder inscribir sus grados y títulos. Señaló que la autonomía universitaria no puede servir de excusa para impedir que los jóvenes accedan a un derecho fundamental.

Asimismo, criticó que los estudiantes estén atrapados entre disputas administrativas sin que ninguna de las partes asuma responsabilidad, y pidió que la SUNEDU proceda de inmediato con el registro de grados y títulos.

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP) precisó que la Resolución 23 del Consejo Directivo de la SUNEDU no es una decisión definitiva, pues está pendiente de resolver un recurso de reconsideración. Recordó, además, que la determinación sobre la titularidad del rectorado se encuentra en trámite judicial.

Llamó la atención sobre los criterios cambiantes de la SUNEDU en los últimos meses y cuestionó la reiterada ausencia de sus funcionarios ante convocatorias de las comisiones de Fiscalización, Educación y Defensa del Consumidor.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI (ACUNI), Viviana Ventura, exhortó a la comisión a garantizar los derechos de los estudiantes y egresados, quienes se ven afectados por la paralización del registro de grados y títulos.

Ventura señaló que la SUNEDU ha generado bloqueos administrativos, vulnerando la Ley Universitaria y afectando gravemente a aquellos que requieren el título profesional para colegiarse, continuar estudios de posgrado o acceder a mejores oportunidades laborales.

Finalmente, la comisión recibió a los funcionarios de la Universidad Nacional de Ucayali, quienes sustentaron los fundamentos fácticos y jurídicos de su informe del 10 de diciembre de 2024, emitido en el marco de la aplicación de la Ley 31349.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL