Seis exministros del sector Educación, nueve exviceministros, y más de una decena de funcionarios de ese sector, han sido considerados presuntamente responsables políticos, administrativos y de presuntos delitos penales en las irregularidades cometidos en la elaboración de material educativo para la educación básica.

Así lo señala el informe final de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte constituida en Comisión Investigadora, que fue leído por la presidenta de ese grupo de trabajo, Milagros Salazar de la Torre (FP), en la sesión el miércoles 24.

Señaló que entre los ministros involucrados están Patricia Salas, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y Flor Pablo Medina, y sus respectivos viceministros y directores generales de gestión.

Milagros Salazar precisó que esto es producto de “una exhaustiva investigación” cuyos resultados y recomendaciones serán elevados al Pleno y posteriormente remitidos  al Ministerio Público para que determine las investigaciones y sanciones respectivas.

“Pero resulta que hemos descubierto que se están siguiendo procesos penales contra algunos especialistas del MINEDU, sin involucrar a altos funcionarios, en la clásica costumbre “la pita se rompe por la parte más débil”,  por lo cual, dijo la congresista, recomendamos que la Fiscalía disponga la intervención del ministerio.

Señaló que la situación más delicada es la de los exministros Patricia Salas, Jaime Saavedra y Daniel Alfaro, “pero su situación legal tendrá decidirla el Ministerio Público;  nosotros solo cumplimos con la labor fiscalizadora de informar a la institución que se encargará de procesar”.

Indicó que hay irregularidades en los materiales educativos que se han cometido desde la gestión de Patricia Salas hasta la de Daniel Alfaro, las que abarcan desde errores tipográficos  y pedagógicos hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica.

Entre estos contenidos, dijo, encontramos la distorsión conceptual de género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo.

La legisladora dijo que la aplicación del enfoque de igualdad de género en la educación y en los diferentes estamentos como única política de Estado en materia sexual, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera la libertad de expresión, conciencia y religión de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.

Respecto al terrorismo, sostuvo que desde la gestión de Patricia Salas hasta la fecha se evidencia una incuestionable vulneración del derecho de los estudiantes a una información adecuada y una palpable transgresión al rigor académico en el uso de las fuentes de información, se omite la identificación de situaciones de violencia terrorista, sus líderes y cómo estos atentaron y atentan contra los derechos de la personas y la seguridad ciudadana.

Dijo que en los textos escolares de nivel secundario, el terrorismo en el Perú ha sido ignorado deliberadamente y se buscaría distorsionar la historia de nuestro país con el propósito de desprestigiar el sistema político instaurado desde 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y PNP en su conjunto.

Informó que su Comisión Investigadora ha presentado 15 recomendaciones, una de las cuales va dirigida al MINEDU para que implemente la política pedagógica nacional conforme a lo normado, considerando la ciencia y tecnología; también reorganizar el sector educación en las áreas neurálgicas  identificadas, especialmente en la dirección que gestiona materiales educativos.

También cumplir con la función inductora de conocimientos y valores éticos y no arrogarse la formación moral que es exclusiva de los padres de familia; la educación debe orientarse al fomento de la paz social y a la consolidación democrática, eliminar todo enfoque que sirva de fuente para la segregación y la confrontación de grupos sociales por atentar contra la paz, la estabilidad y el desarrollo del país.

Igualmente erradicar la violencia de las instituciones educativas, cubrir el déficit de maestros con título pedagógico en la especialidad del idioma inglés o bilingüe, solucionar el problema generado por la falta de enseñanza del inglés a los más de 590 mil estudiantes de las 2001 instituciones educativas.

La comisión plantea al Congreso de la República que se modifique la Ley General de Educación a fin de lograr una efectiva participación de la comunidad educativa en la formulación de las políticas educativas; fiscalizar el accionar de las ONG exigiendo transparentar el origen de los recursos recibidos, el objeto y ámbito de sus intervenciones dado que ésta es una fuente de financiamiento adicional para el desarrollo.

    Recomendó que se investiguen  los hechos identificados en la presente investigación por las posibles acciones de evasión tributaria y lavado de activos.

PRENSA-CONGRESO

-24-7-19