Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, la Comisión de Constitución y Reglamento inició este lunes 15 el debate de la reforma política (PL 4289/2018-PE) referida al financiamiento de partidos políticos.

La propuesta propone modificar e incorporar diversos artículos al Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de la Ley 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas,

El ministro Vicente Zeballos Salinas inició su intervención reconociendo “el significativo avance” logrado por el grupo de trabajo que preside Rosa Bartra Barriga, en referencia a los tres dictámenes aprobados de las seis reformas políticas  planteadas por el Poder Ejecutivo.

Mencionó que la propuesta se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que el 4 % del PBI se pierde en corrupción, y que son más de 30 mil procesados por ese delito. “Este flagelo  ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país”, anotó.

Zevallos agregó que en América Latina casi la totalidad de países entregan financiamiento público a las agrupaciones políticas partidarias y que actualmente, en el Perú, la distribución es de 40% en partes iguales a aquellos partidos con representación parlamentaria y 60 % de acuerdo a la votación obtenida en los comicios.

            «La propuesta plantea lo contrario: 60 % igual para todas las organizaciones que tienen representación política partidaria y 40 % según los votos obtenidos», dijo el titular del MINJUS.

Además, se pone a consideración del Congreso la propuesta que dichos recursos pueden ser utilizados tanto para gastos administrativos o gastos de campaña, es decir, para actividades propias del proceso electoral.

            Añadió que también se propone una rendición de cuentas antes, durante y después de la campaña, que le dará mayor transparencia y escrutinio y eficacia sobre cómo ingresa y se gasta los recursos en la campaña

            “No solo hablamos de multa sino de la posibilidad de sanciones políticas, que podrían ser la cancelación o suspensión de una inscripción y también tres tipos penales, es decir, ilícitos que tienen una connotación de carácter penal que son: financiamiento indebido de organizaciones políticas (art. 359-A); falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas (art. 359-B) y fuentes de financiamiento indebidas (art. 359-C).

Zevallos Salinas dio cuenta que en Colombia o Chile junto a la multa se sanciona el financiamiento indebido con pena privativa de la libertad.

“En nuestro país la multa administrativa no ha logrado tener efecto alguno. A la fecha ninguna organización política ha pagado multa impuesta por la ONPE. Por eso, se hace necesario, perentorio diría yo, sancionar penalmente este tipo de conductas, las más graves, o las que tienen mayor connotación”, puntualizó.

DEBATE

En su intervención el legislador Miguel Torres (FP) dejó en claro que ya está normado un aspecto de la propuesta que señala que “el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario y de la ONPE, y bajo responsabilidad, las personas a las que se refiere este literal”, en referencia a las personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada no pueden aportar a partido

Preguntó si el PJ ya implementó ese sistema y si se aplicó la misma en la última elección, “Sospecho que no se ha cumplido. Esto es una broma o una burla”, agregó.

Al respecto, la congresista Patricia Donayre, dijo que el dictamen de la Comisión de Justicia señala que “que no es responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas en el portal web”. “Si no está en el portal web no tiene por qué ser responsables (el partido), añadió.

El parlamentario Gino Costa planteó, además de las multas y la pérdida de la inscripción,  la pérdida del financiamiento público directo e indirecto a los partidos políticos que incumplen con las disposiciones legales que se plantean.

El legislador Luis Iberico dijo que le preocupaba que haya una sanción política, como la cancelación de la inscripción del partido, para un incumplimiento de carácter  administrativo.  “Hay que sancionar sí, pero sanción política no sé hasta qué punto. Hay que recordar que no hay cárcel por deudas”, agregó.

La congresista Luz Salgado dijo que es el Estado el que debe sistematizar la información sobre las personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada que no pueden aportar al partido. “Si el Estado no sabe, el partido político cómo va a saber. La satanización a los partidos políticos es injusta”, añadió.

El parlamentario Gilbert Violeta pidió revisar la posibilidad de retomar el debate para introducir la figura del oficial de cumplimiento en el sistema de control de los partidos políticos. “Con la reforma que se plantea los partidos políticos van a tener a un notario metido las 24 horas en su local”, puntualizó.

PRENSA-CONGRESO