El congresista Alfredo Azurín Loayza (SP) afirmó que la Policía Nacional continúa trabajando bajo un modelo limitado, pese a los esfuerzos por fortalecer la seguridad ciudadana. Señaló que los efectivos enfrentan graves carencias logísticas y escaso respaldo institucional, lo que limita su capacidad de respuesta ante la creciente ola delictiva.

“Si uno cuenta con apoyo y coordinación, especialmente con el área de inteligencia, se pueden lograr mejores resultados. Antes cada unidad actuaba por su cuenta; hoy, en cambio, existe mayor articulación. Ese debe ser el camino para seguir”, sostuvo Azurín.

Así lo manifestó durante la vigésima quinta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, realizada en el distrito de Huacho bajo su presidencia, el parlamentario destacó que el problema de la inseguridad “no es solo policial, sino también político y social”.

“La población, la Policía y los actores políticos debemos asumir responsabilidad conjunta. No se trata de banderas partidarias. Lo importante es trabajar unidos contra la delincuencia y fortalecer la inteligencia. La política no puede interponerse al trabajo por el país”, enfatizó.

El congresista Javier Padilla Romero (HD) advirtió que la lucha contra la inseguridad no avanza debido a la falta de un diagnóstico claro y actualizado. “Desde agosto no se ha definido cuál es nuestra verdadera realidad. Los indicadores muestran variaciones mínimas, lo que refleja que seguimos sin resolver los problemas estructurales”, señaló.

Padilla resaltó que la falta de unidad institucional y la desarticulación entre los distintos actores del sistema de seguridad impiden ejecutar acciones efectivas. Propuso fortalecer la evaluación del desempeño de fiscales y servidores públicos, a fin de garantizar transparencia y resultados concretos.

A su turno, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito de Huaura, Raúl Solórzano Cosa, informó que las cifras delictivas han aumentado de forma alarmante en diversas regiones del país.

Explicó que el Ministerio Público enfrenta esta situación con el mismo número de fiscales, jueces y personal que hace varios años, sin incremento de recursos ni de infraestructura.

“Trabajamos en condiciones muy limitadas. Muchos fiscales incluso compran de su propio bolsillo el mobiliario y los equipos para sus oficinas. Aun así, seguimos comprometidos con enfrentar una criminalidad cada vez más compleja”, manifestó.

El magistrado anunció que el próximo 20 de noviembre se instalará el Módulo de Flagrancia en Huancayo, lo que permitirá resolver en pocos días los casos de personas detenidas en flagrante delito, descongestionando la carga procesal y mejorando la respuesta ante el crimen.

Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, Soledad Rodríguez, advirtió que la debilidad institucional y la falta de articulación entre entidades del Estado agravan la inseguridad.

“Muchas instituciones no cumplen con participar en los espacios de coordinación, ni siquiera los alcaldes. La ley es clara, pero su cumplimiento es débil. Hay planes y compromisos que no se ejecutan. Necesitamos que el Estado asuma su rol más allá del discurso”, señaló.

Rodríguez recordó que el 15 de diciembre culmina el año fiscal y aún existen recursos sin ejecutar en materia de seguridad ciudadana. “No podemos seguir perdiendo tiempo ni presupuesto mientras la población vive con miedo”, añadió.

El jefe de la Región Policial Lima Norte, general PNP Juan Manuel Mundaca Montenegro, remarcó que los comisarios deben actuar con rigor técnico y no basarse en “la creación o ficción de datos”.

Precisó que existen 26 puestos policiales planificados, y que la implementación de los nuevos puestos de acción rápida debe cumplir con los procedimientos y el sustento legal correspondiente.

“La Policía no puede improvisar ni trabajar sin planificación. Debemos fortalecer nuestra presencia con disciplina y compromiso institucional”, indicó Mundaca, quien anunció una inspección conjunta con el personal técnico de la DAE para continuar con las obras de infraestructura policial.

Finalmente, la regidora provincial de Huaura, Carolina Otazú de la Cruz, expresó la preocupación de la ciudadanía frente al aumento de la violencia en la zona.

“Nuestra provincia registra más de 60 muertes por sicariato, extorsión o amenazas. La población vive con miedo y siente que las autoridades no actúan con la urgencia que la situación exige”, denunció.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL