Posiciones en contra y a favor en el debate de la Ley de Reforma Constitucional que propone el impedimento de postular a cargos de elección popular de aquellos que tienen sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, se escucharon en el Pleno vespertino del jueves 11.

            El legislador Marco Arana, de la bancada de Frente Amplio, se mostró en contra de la propuesta de impedir que postulen a cargos de elección popular los que tengan sentencia en primera instancia por delito doloso.

            La posición de Luis Iberico fue a favor de la propuesta y señaló que los derechos no son absolutos y que solo se le estaría suspendiendo. “El Congreso, con esta propuesta, no estamos quitando el derecho del ciudadano, solo se estaría suspendiendo con la sentencia en primera instancia”; expresó.

            Igual opinión tuvo la parlamentaria Maritza García, de Cambio 21. Señaló que el proyecto irá a la par con la lucha contra la corrupción y añadió que se impida, en sentencia en primera instancia, aquellos delitos culposos. En tanto, Jorge Castro Bravo (NA) se expresó en contra de la propuesta aludiendo que no se debería permitir que se mire la política de una forma sesgada.

            Por su parte,  el legislador Gino Costa Santolalla (BL), sí estuvo de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y con un texto sustitutorio mejorado por la Comisión de Constitución. Para la parlamentaria Luz Salgado Rubianes (FP), señaló que se debe analizar con más detalle la propuesta porque, según dijo, se le estaría negando el derecho a su defensa a cualquier ciudadano sentenciado en primera instancia. “Muchas veces los jueces se equivocan y en segunda instancia dictan sentencia a favor, entonces cómo quedaría el ciudadano”, expresó.

            Alejandra Aramayo Gaona (FP), invocó al Congreso a reflexionar por la futura clase política a una administración de justicia aún vulnerable. Quien no es culpable, es inocente. El debate debe seguir para un mejor análisis, señor presidente”, dijo.

            El legislador Julio Rosas coincidió con su colega Aramayo, señalando que el derecho de la presunción de inocencia existe para el ciudadano y que no se debe recortar sus derechos en una sentencia en primera instancia. Igual opinión tuvo el congresista Pedro Olaechea (AR). Afirmó que para el delito de opinión no procede porque se estaría violando esa libertad. (Jarvi)

PRENSA – CONGRESO