Desde el norte del país, la congresista Katy Ugarte Mamani (JP-VP-BM) reafirmó que el acceso a los programas sociales y servicios públicos no constituyen un privilegio, sino un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, asegurando una prestación segura, eficiente y equitativa en todo el territorio nacional.

“Desde el inicio de esta investigación se ha constatado que la falta de una supervisión efectiva, el funcionamiento irregular de los procesos sancionadores y la deficiente ejecución presupuestal afectan directamente la calidad de vida de las familias peruanas. Por ello, es indispensable que desde esta comisión exijamos claridad, transparencia y responsabilidad a cada uno de los organismos reguladores que se presentan ante nosotros”, señaló la parlamentaria.

Así lo manifestó durante la sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión Investigadora de la Ejecución Presupuestaria de los Programas Sociales, Organismos Públicos Descentralizados y Organismos Supervisores, que preside.

La jornada se realizó en el auditorio Alberto Moya Obeso de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, y contó con la participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas, así como de empresas del sector eléctrico como Hidrandina y Enosa.

Durante su exposición, el representante del Ministerio de Energía y Minas informó sobre la implementación de normas orientadas a la reducción de tarifas eléctricas y la ampliación del acceso al servicio en zonas vulnerables.

Entre las principales medidas destacó el Programa de Compensación Social Eléctrica, que busca cerrar brechas en los sectores con mayores necesidades económicas. Asimismo, se ha establecido un mecanismo de cooperación para reducir las tarifas en los sistemas eléctricos aislados y aliviar los costos para los usuarios de bajo consumo.

El ministerio también viene impulsando la modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas, con el propósito de lograr un marco más eficiente y competitivo para el sector. Entre los cambios propuestos se incluye la optimización de la contratación y suministro eléctrico, así como la mejora en la operación de los sistemas aislados, de modo que el COES pueda dirigir de manera más eficiente su funcionamiento.

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