La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la congresista Silvana Robles, desarrolló la Tercera Mesa de Trabajo Multisectorial “Minería y economías ilegales: impactos en los pueblos indígenas del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún”, con la participación de autoridades nacionales, regionales y representantes de organizaciones indígenas amazónicas.

Durante la jornada, la presidenta alertó sobre la grave expansión de la minería ilegal y otras economías ilícitas en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón, que vienen afectando la vida y la salud del territorio de los pueblos Wampís y Awajún.

“La situación es crítica. No podemos permitir que esta mesa sea una más. Cada sector debe asumir compromisos concretos con plazos y presupuestos definidos. El Estado tiene una deuda histórica con nuestros pueblos originarios”, enfatizó Robles.

Los representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) demandaron la creación de una mesa multisectorial de carácter permanente, la reactivación de puestos militares en zonas fronterizas, la instalación de mesas de trabajo en Bagua y San Lorenzo, y la declaratoria de estado de emergencia ante el avance del crimen organizado y el uso de dragas que contaminan los ríos con mercurio.

Asimismo, el Gobierno Territorial Awajún alertó sobre más de 50 dragas operando en puntos críticos del Tambo, Cenepa, Santiago y Alto Marañón, y exigió que las intervenciones estatales sean continuas y sostenidas. Por su parte, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) denunció la pérdida de soberanía territorial y el abandono de zonas clave como Santa María de Nieva.

En respuesta, el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal de la PCM informó que la minería ilegal mueve alrededor de 7 mil millones de dólares al año, y que en 2024 se realizaron más de 745 operativos exitosos, aunque insuficientes frente a la magnitud del problema. Señaló que se viene implementando una Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, con 68 actividades enfocadas en interdicción, control de insumos, gestión de conocimiento y recuperación ambiental, cuyo presupuesto se incrementará de 70 a 178 millones de soles en 2026, monto que se materializará con la aprobación de la Ley de Presupuesto y que permitirá que se pueda dotar de presupuesto a diversos sectores.

Asimismo, los representantes de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB) expusieron el déficit de personal, logística y financiamiento, solicitando el apoyo del Congreso para incorporar mayores recursos en la Ley de Presupuesto. En ese marco, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) alertó que el Pliego Presupuestal 128 del año 2026 no ha asignado presupuesto para sus operaciones, y solicitaron que ello sea revertido a fin de que puedan ejecutar acciones eficaces frente a la minería ilegal y delitos ambientales.

Por su parte, el Gobierno Regional de Amazonas, a través de su Dirección Regional de Energía y Minas, informó sobre los 14 registros de formalización minera (REINFO) en la zona, y solicitó el seguimiento de los acuerdos adoptados para la instalación de una Unidad de Control Fluvial (UCF) en Condorcanqui, con apoyo de la DICAPI y la Sexta Brigada de Selva.

Al cierre del evento, la congresista Silvana Robles anunció que solicitará formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros la creación de una Mesa Multisectorial que atienda integralmente la problemática de la minería ilegal en los territorios indígenas de Amazonas y Loreto.

“Hago mío el pedido de los pueblos Wampís y Awajún. Asimismo, solicitaré informes detallados a los sectores presentes, especialmente sobre la asignación presupuestal destinada a la lucha contra la minería ilegal; sin embargo, reitero a los funcionarios que es el Poder Ejecutivo quien remite a la Comisión de Presupuesto el proyecto de presupuesto, el cual debe reflejar las necesidades reales de cada sector, a fin de que el Congreso pueda aprobarlo respetando esa propuesta”. En ese sentido, la congresista Robles enfatizó que lo idóneo es que el presupuesto contemple recursos suficientes, por ejemplo, para el Ministerio Público, que cumple un rol fundamental en la lucha contra la minería ilegal.

La parlamentaria también adelantó que es necesario que el Estado artícule con los diversos sectores a fin de darle continuidad y permanencia de llevar las propuesta de nuestro pueblos y las alternativas de solución que proponen los sectores ahora presentes. Del mismo modo, reiteró su compromiso de fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos por los sectores.

Con relación la Ley Mape, la presidenta precisó que la Comisión de Pueblos ha solicitado ser consituida como segunda Comisión dictaminadora a fin de incluir en el debate la perspectiva de los pueblos sobre estas inciaitivas legislativas.

“Este no será el primer ni el último espacio de diálogo. Desde la Comisión de Pueblos, seguiremos siendo aliados de los pueblos Wampís y Awajún para visibilizar sus problemáticas y exigir la atención que merecen”, concluyó la presidenta Silvana Robles.

Comisión de Pueblos Andinos