El congresista Wuillian Monterola, presidente del grupo legislativo, explicó que el Plan de Desvíos, aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, carece de planificación. La comuna autoriza a la concesionaria Metro de Lima Línea 2 a realizar la transferencia progresiva de la Carretera Central en el tramo comprendido entre la Av. Separadora Industrial y la Plaza de Armas de Ate, habilitando diversas vías, principalmente locales para el tránsito vehicular.

“Estas vías alternas que se vienen usando no han sido planificadas ni habilitadas para soportar un alto volumen de tránsito de carga pesada y esto se puede observar en el grave deterioro de las mismas, aunado al reducido radio de giro que tienen las avenidas, dificultan las maniobras que tienen que realizar los vehículos de carga pesada ocasionando mayor congestionamiento”, señaló el presidente al sustentar el dictamen.

“Salir y acceder de esa zona es sumamente caótico. Muchos de los carros que antes tomaban la Carretera Central ahora toman la Ramiro Prialé y hacen que entrar o salir de allí es cosa de locos”, dijo por su parte el congresista Edmundo del Águila.

Con ello coincidió el congresista Clayton Galván Vento, autor de la propuesta, quien fue respaldado por el alcalde de Ate, Edde Cuéllar, quien resaltó que la propuesta contribuirá con el bienestar de la población de la zona que demanda orden en el tránsito vehicular.

OTROS PROYECTOS

En otro momento, fue aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 3572/2018-PE, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga e interprovincial de ámbito nacional de pasajeros”.

La medida otorga a las empresas de transporte público interprovincial de ámbito nacional de pasajeros, o el servicio de transporte público terrestre de carga, por el plazo de tres años el beneficio de devolución del equivalente al 53% del Impuesto Selectivo al Consumo que forme parte del precio de venta del petróleo diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm.

“Se pone como condición ineludible que sean transportistas debidamente formalizados, es decir, contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta y sujetos obligados al pago de IGV e IPM por la venta de los citados productos”, observó el congresista Monterola. Subrayó que el beneficio solo se entregará al transportista con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Al respecto los congresistas Gilmer Trujillo y Edmundo Del Águila coincidieron en demandar la opinión de la Comisión de Economía como comisión principal, porque se trata de un tema tributario.

“¿A cuántas empresas beneficiará esta ley? y ¿cuál sería el desembolso del Estado?”, preguntó Trujillo, en tanto que el congresista Del Águila pidió que la comisión señale cuál es el impacto para el país. Además, dado que 8 de cada 10 empresas operan de manera informal, el congresista propuso que fiscalice la Sunafil en beneficio de los trabajadores.

A continuación fue aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone, con texto sustitutorio, la “Ley que autoriza normar incentivos y/o exoneraciones a inversiones para el uso racional de infraestructura vial y dispone franjas horarias para circulación de vehículos de transporte de mercancía y/o carga en vías urbanas”.

Finalmente, por mayoría, el dictamen recaído en dos proyectos de Ley que propone, con texto sustitutorio, la “Ley que establece lineamientos para la emisión de licencias de conducir de vehículos motorizados para el transporte terrestre y regula las escuelas de conductores, los centros médicos y centros de evaluación”.

PRENSA CONGRESO