La Comisión de la Mujer invitará para el viernes 14  a los ministros del Interior, Carlos Morán, y de la Mujer, Gloria Montenegro, por los reiterados casos de feminicidios y, particularmente, para conocer los protocolos que se siguen tras conocer un nuevo caso y en el que no se habría atendido oportunamente a la víctima.

         Su presidenta, congresista Tania Pariona, dijo que los casos son reiterativos y compartió la prioridad de convocar a ambos ministros.

         La congresista Gladys Andrade dijo que en el último caso reportado, el padre de la víctima denunció a los policías que no actuaron diligentemente por tenerla esperando y no trasladarla oportunamente a un centro médico, cuando ya estaba convulsionando.

         Señaló que deben asistir ambos ministros porque consideró que la responsabilidad es compartida y se requiere saber cuáles son los protocolos que se sigue en estos casos

         La parlamentaria Indira Huilca dijo que se debe conocer los criterios empleados en los casos de las víctimas de violencia.

         Señaló que la mujer se arma de valor para ir a la comisaría y no se le presta la debida atención,  pues se le da el mismo tratamiento como al agresor y no se toma en cuenta que es la víctima. “Estaba (Erika Oblitas Morales) lastimada y por el grado de las lesiones entró en coma y luego  falleció”, explicó.

         Posteriormente, la Comisión aprobó por mayoría el dictamen  recaído en los proyectos de ley 841 y 3489 que propone una Ley que modifica el Código Penal y Código Procesal Penal respecto a la omisión de asistencia familiar.

         Se modificaría el artículo 52-B sobre la conversión de la pena privativa de libertad para precisar que para el caso que una persona, a la que se le hubiere revocado la conversión de la pena privativa de la libertad en el delito de omisión de asistencia familiar y que ésta hubiera cancelado el íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia impaga, podrá recuperar su libertad de forma inmediata siempre y cuando cumpla con los supuestos de procedencia y requisitos establecidos en la ley de la materia.

         Esto no sería aplicable en los casos en que el agente tenga la condición de reincidente o habitual por delito doloso.

         Al respecto, la congresista Ana María Choquehuanca, autora del proyecto, dijo que el objetivo del proyecto es que el Estado vele por el derecho de los hijos ante esta omisión de la obligación que tiene el padre de proveer de una pensión alimentaria.

         La presidenta de la comisión informó  que, según el INPE, en el 2017 se registró 2,232 presos por delito de omisión, es decir, el 2.7 % de la población penal y supera a los presos por delito simple,  es decir 16 mil 841 procesados, un  47% del total de procesados.

         La congresista Gladys Andrade dijo que comparte que el sujeto pueda salir a trabajar, pero subrayó que es necesario saber qué medidas de seguridad se van a implementar.

         Por su parte, la congresista Indira Huilca dijo que los sentenciados deben cumplir con asumir su responsabilidad para con sus hijos, por ello estuvo de acuerdo con que el sentenciado con condena efectiva pueda salir siempre y cuando haya pagado la reparación y el total de la deuda alimenticia.

         A ello, la congresista Pariona agregó que sí se han considerado límites para el cumplimiento de la obligación alimentaria porque si no cumple con el acuerdo reparatorio el sujeto tendrá que cumplir la condena y seguirá preso.

TRABAJADORAS DEL HOGAR

         Enseguida se inició el debate del dictamen recaído en los proyectos que proponen una Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. La presidenta de la comisión dijo que se busca adecuarla al compromiso internacional de la OIT sobre el tema.

         Informó que según el ministerio de Trabajo, de los 381 mil 12 trabajadores del hogar, 360 mil son mujeres, es decir más del 90%. Además, dijo que su salario es menor a la RMV. Su trabajo supera las ocho horas (un 45% de ellas), no tiene seguro (39%) y solo el 12 % está afiliado a sistemas de pensiones. “La informalidad en el trabajo doméstico alcanza al 92.4 %”, dijo.

         La congresista Marisa Glave comentó que es el momento oportuno para adecuarnos al convenio 189 de la OIT para que los trabajadores del hogar tengan los elementos básicos del régimen privado, “hacia eso tenemos que avanzar”, remarcó. Se trata de personas que trabajan una jornada completa (48 horas semanales) que ya ha sido reconocido en otros países y que tiene igualdad ante la ley

Esta propuesta será votada en la sesión extraordinaria que realizará la comisión el próximo viernes 14, al igual que la propuesta sobre el proyecto de ley que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil.

PRENSA CONGRESO