La Comisión de Educación aprobó una moción de orden del Día para solicitar al Pleno del Congreso la facultad de comisión investigadora por 60 días hábiles a fin de que pueda indagar las presuntas irregularidades denunciadas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que se habrían cometido en las gestiones de los superintendentes Lorena Macías, Flor de Luna Victoria Mori y Carlos Benavides Abanto. 

            Según el documento aprobado el lunes 3, se señala que las irregularidades se habrían detectado en el proceso de contratación de personal, bienes, consultorías y servicio en general; procesos de licenciamiento institucional de universidades públicas y privadas y otros que pudieran generarse durante la investigación.

            En el debate, la congresista Tamar Arimborgo denunció la presencia en el Parlamento de operadores políticos de Sunedu que no tienen vínculo con esa institución. “Por donde se aprieta sale la pus en Sunedu”, dijo la legisladora. Cuestionó el perfil profesional de las personas que trabajan en esa superintendencia porque -según dijo- ganan más de 15 mil soles siendo bachiller.

            En otro momento y a solicitud de la congresista  Karla Schaefer se aprobó invitar al jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para que informe sobre denuncias en las diferentes disciplinas deportivas, entre ellas, sobre el caso del nadador Mauricio Fiol, así como todo lo concerniente a los próximos Juegos Panamericanos. 

DICTAMENES

            En la sesión que presidió la congresista Milagros Salazar, se aprobó por unanimidad el dictamen de varios proyectos que proponen  la modificación de los artículos 4, 16, 17 y 18 e incorpora el capítulo de Régimen Económico en la Ley 26549, de Centros Educativos
Privados.

            En el debate, el congresista Javier Velásquez Quesquén dijo que la cuota de ingreso que se cobra en algunos colegios no debe ser opcional. “El cobro adicional no tiene sustento “, subrayó el legislador, al tiempo que su colega Edilberto Curro propuso que se ponga un candado porque el 1%, constituido por colegios que cobran pensiones superiores a los mil soles mensuales, deberían pagar impuestos al Estado para que la educación no sea un lucro.

            También fue aprobado por mayoría el dictamen del proyecto que propone la Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la incorporación del enfoque de educación emocional y social en los contenidos curriculares de la Educación Básica Regular.

La misma suerte tuvo el dictamen del proyecto de ley que promueve la atención educativa en las zonas altoandinas y de selva, al ser aprobado por unanimidad.

Finalmente, pasó a un mayor estudio el dictamen del proyecto de ley que
propone modificar el artículo 45 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

PROYECTOS

       Durante la sesión fueron presentados dos proyectos de ley: uno de ellos propone la Ley que crea el Servicio Civil Facultativo de Graduandos Secigra-Agrario,  de iniciativa de la congresista Gladys Andrade Salguero; y el otro que prioriza y fortalece la incorporación progresiva de psicólogos educativos en todos los niveles de la Educación Básica Regular en estado de vulnerabilidad a nivel nacional, presentado por iniciativa de la congresista Estelita Bustos Espinoza.

PEDIDO DE INFORMACIÓN

      En la estación de preguntas, la congresista Karla Schaefer (FP) planteó que este grupo de trabajo solicite información sobre la programación y el cronograma de las actividades de reconstrucción de colegios en Piura, colapsados por el impacto del fenómeno El Niño, previstas para este año.

     Informó que 718 colegios se encuentran en situación inhabitable. «Aulas prefabricadas no es la solución que se tiene que dar”, dijo. Igual opinión tuvo su colega Carlos Domínguez, quien señaló que la solución de la educación no sólo depende de una mejor calidad de vida, sino de dotar de mejor infraestructura.

PRENSA CONGRESO