Los congresistas de la comisión de Economía solicitaron a los ministros de Economía y de Justicia que se agilicen los trámites y procedimientos legales para asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos afines, en concordancia con la ley para este caso.

             Los titulares de Economía, Carlos Oliva, y  de Justicia, Vicente Zeballos, se presentaron el miércoles 8 para  informar sobre el impacto y aplicación de la Ley  30737.

            El ministro Oliva informó que se realizaron de pagos por 65,5 millones de soles. Dijo que la primera reparación civil se efectuó en agosto de 2018 por 15,2 millones, la segunda en diciembre de ese año por 25 millones; y la tercera es una deuda tributaria pagada a la SUNAT  por 25, 3 millones.

            “En relación con este caso se han dado diversos decretos  para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela en el pago de la reparación civil a favor del Estado. Se ha categorizado en tres niveles a las empresas de acuerdo a su participación en los procesos de licitación e implementación de las obras realizadas”, manifestó Carlos Oliva.

            También dio a conocer  las medidas asegurativas, como la suspensión de las transferencias al exterior y el fideicomiso de retención y reparación, como depósitos de retención del 50% del precio de venta de bienes o derechos. De igual forma,  detalló  los resultados sobre este caso.

            “El 86% de empresas de la categoría 2 (socios, asociados o consorciados) han cumplido con la obligación de adoptar programas de Compliance, lo que permite dar una señal del compromiso de mejora y transparencia de las empresas sujetas al alcance de la ley”, refirió el ministro de Economía.

            A su turno, y sobre la misma materia, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, dio a conocer los diversos antecedentes legales y normativos que emitió su sector para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano, así como la elaboración y publicación de listas de los sujetos comprendidos (empresas, socios y afines).

            “Estamos vigilantes y trabajando junto a otras instituciones del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley para este caso. Se coordina constantemente para recabar información con la finalidad de implementar las disposiciones de la ley.

            “El caso de adquisición de las acciones de la empresa de generación Huallaga, que desarrolla el proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla, se encuentra comprendida en el listado de la categoría 1 (empresas condenadas y que reconocieron el delito)”, refirió el titular de Justicia Vicente Zeballos.

            Informó que al 30 de abril del presente año los aportes al Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), registra aportes por S/ 1,142 millones, los cuales han permitido el pago de reparaciones civiles y deuda tributaria por S/ 515.2 millones, quedando un saldo en el FIIR de S/ 67.4 millones.

MEJORAR PROCES DE REPARACIÓN

            Al respecto, los parlamentarios Marisa Glave,  Neyra Olaychea y Karla Schaefer,  dieron a conocer sus aportes y puntos de vista. «Qué nos asegura que el Estado pueda cobrar o recuperar las reparaciones civiles;  hay más de 600 millones de soles que aún no han sido cobrados en su totalidad, como el caso del proyecto Chaclla”, dijo Karla Schaefer.

            Comentó que la cadena de pagos es otro factor a tener en cuenta. Hubo más de 400 proveedores entre pequeñas, medianas  y grandes  empresas que han quedado impagos, principalmente los pequeños», manifestó la congresista.

            De igual forma, los parlamentarios Percy Alcalá Mateo, Mártires Lizana Santos (FP), César Villanueva Arévalo (APP), y Mercedes Araoz  dieron a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto y coincidieron en señalar la necesidad de cumplir rigurosamente con los procesos legales y administrativos para recuperar dinero para el Estado y pueda revertirse para que el Gobierno pueda invertir a favor de la población.

            Los representantes solicitaron también  que las informaciones requeridas a los ministerios de Economía y de Justicia deberían fluir con el tiempo adecuado, toda vez que esta permitiría realizar mejores acciones de seguimiento y fiscalización sobre este caso.

            Luego de la intervención de los legisladores sobre la aplicación de esta ley,  el titular de  Justicia señaló que los deudores tienen la obligación de implementar un programa de cumplimiento con la finalidad de prevenir,  identificar y mitigar los riesgos relacionados con los delitos previstos en la ley.

            De igual forma,  el ministro Oliva refirió que la ley viene logrando su objetivo de asegurar el pago de la reparación civil,   la constitución de fideicomisos  y captando recursos para los mismos.

            “La ley está logrando su objetivo y se está contribuyendo al reordenamiento de sector construcción, a la mitigación del riesgo de paralización y ruptura de la cadena de pagos de dicho sector que establece predictibilidad para todos los stakeholders, concluyó el titular del MEF. (FAA)

PRENSA CONGRESO