El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación y exoneró de la segunda, el dictamen sobre tres proyectos de ley que proponen regular el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial.

            La autora de uno de los proyectos, la congresista Cecilia Chacón, dijo que el principal propósito de su propuesta es “facilitar al dueño de un bien que desea alquilar para generar una renta, que no sea víctima de los pillos, de Pepe el vivo, perjudicando al propietario”.

             “Saben que el Poder Judicial se puede demorar en resolver el caso entre 5 a 6 años y cuando por fin se resuelve, han vivido todos esos años gratis”, agregó la legisladora. Subrayó que el perjuicio es para el arrendatario que invirtió en esa vivienda,  pagó abogados para resolver el proceso judicial y se le devuelva el bien y cuando finalmente lo recupera pierde nuevamente porque tiene que volver a invertir porque el inquilino lo dejó casi inservible.

            El dictamen sancionado -con modificaciones planteadas durante el debate- tiene por objeto establecer y regular el procedimiento especial de desalojo mediante la intervención del notario y con ejecución judicial.

            “Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un bien inmueble, contra el arrendatario que se ha sometido expresamente al procedimiento establecido por la presente Ley”, dijo el congresista Carlos Oliva, presidente de la Comisión de Justicia.

          Oliva subrayó que se propone un desalojo consensuado, con un procedimiento ágil para la devolución de la vivienda que traerá como consecuencia la descarga procesal.  

            El dictamen precisa que no están comprendidos en el ámbito de la presente ley la desocupación por motivo de contratos de alquiler-venta, arrendamiento financiero u otro tipo de contratos que incluya pago para adquirir la propiedad del inmueble.

            Precisa que son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial los notarios dentro de la provincia en que se encuentra el bien inmueble arrendado, para la constatación de las causales de desalojo. También el juez de paz letrado del distrito en el que se ubica el bien inmueble arrendado, para ordenar y ejecutar el lanzamiento.

            El congresista Edgard Ochoa Pezo, presidente de la Comisión de Vivienda, sustentó la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

            Durante el debate el Congresista Mauricio Mulder dijo que es un mecanismo importante que resuelve los efectos de los que uno firma en el contrato, toda vez que aunque el inquilino sabe que dejando de pagar se tiene que ir va, no lo hace y hay que entrar a un proceso judicial.

            Zacarías Lapa  aclaró que el desalojo es un proceso contencioso donde intervienen dos actores. Y Wilbert Rozas afirmó que “no podemos dar más atribuciones a notarios que efectivamente no van a cumplir con la justicia”, en tanto Mario Mantilla preguntó “qué necesidad tenemos de cargar al notario” con más trabajo.

            Tras advertir que la carga procesal en estos casos es de 12 mil 268 expedientes y Lima concentra la mayor cantidad de expedientes judiciales, el legislador Osías Ramírez subrayó que la propuesta mejorará la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría que a la fecha llega a 443 millones anuales, es decir el 1,27 % del total de la recaudación.

            Terminado el debate la propuesta alcanzó 83 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones; en primera votación, y fue exonerado de la segunda votación con 77 votos.

PRENSA CONGRESO

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