Los congresistas Dalmiro Palomino y Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, plantearon la necesidad de que el país conozca el plan nacional que el Poder Ejecutivo elabora para contribuir a la solución de los conflictos sociales existentes en el país.

            Palomino Ortiz, coordinador del grupo de trabajo “Desarrollo Regional y Conflictos Sociales”, de la Comisión de Descentralización, dijo que es necesario conocer el avance de esta herramienta de gestión. Asimismo, consideró que el Poder Legislativo puede ayudar al dialogo y solución de conflictos  cumpliendo su función de fiscalización en forma productiva y no solo solicitando informes e investigaciones.

            En torno al tema minero, el parlamentario representante de Apurímac dijo que en esa parte del país se quiere el desarrollo minero, pero se reclama contra la contaminación ambiental.

            Por su lado, Aramayo Gaona se manifestó interesada en conocer “el mapa y el perfil” de los actores que intervienen como gestores de solución de los conflictos en el país.

            En ese sentido, inquirió en conocer un plan de capacidades de los operadores, cómo son convocados, cuál es el perfil que se busca, qué experiencia tienen, entre otras interrogantes. Asimismo, cuál es la política nacional  de gestión que se sigue, cuál es el modelo, cómo se integra el sistema en el ámbito nacional con el subnacional, y otros importantes aspectos.

            La legisladora puso énfasis en los principales problemas que afectan la paz social en el país debido a tres principales problemas: el ambiental, el minero y la demarcación territorial.

            Fue después de escuchar la exposición de Américo Javier Aroca Medina, subsecretario de Diálogo y Sostenibilidad de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sobre las actividades, funciones y monitoreo que desarrolla en materia de diálogo y concertación a nivel nacional.

            El funcionario señaló que el Perú presenta una  gran cantidad de conflictos sociales y que esa situación pone a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades sociales. También la del gobierno, que tiene que poner énfasis en una respuesta institucionalizada para restablecer la confianza ciudadana, articulando a los sectores sin dejar de lado el principio de autoridad.

            Indicó que en el Perú hay un panorama de crecimiento de la inversión privada a partir de proyectos mineros-energéticos; problemas en el Oleoducto Norperuano en la Amazonía y transporte de gas en el surandino que involucra a comunidades nativas.

            Dijo que una cuestión importante es la gestión pacífica, la prevención y el diálogo, pero que hay problemas no resueltos de límites en todo el país; de fragilidad institucional por denuncias de corrupción en las municipalidades, gobiernos regionales, Poder Judicial, entre otros, y el fenómeno El Niño y desastres de origen natural.

            Como estrategias a utilizar manifestó la construcción y fortalecimiento de la fuerza interna, de articulación, de redes territoriales colaborativas y fuerzas de apoyo.

            Indicó que en el sur del país están ubicados un 53 % de conflictos; en el centro, un 26 %; y en el norte 22%. “Como consecuencia de ello tenemos la postergación de procesamiento de 12 mil millones de dólares, lo que significa un 6% del PBI.  (MED).

PRENSA CONGRESO