El congresista Humberto Morales, vocero de Frente Amplio,  fue uno de los primeros en intervenir en la ronda de participación de los voceros de las bancadas. Sostuvo que la interpelación al ministro de Justicia  demuestra una vez más la existencia de organizaciones criminales que tienen intereses en este proceso “porque estamos ante el mismo escenario de confrontación abierta  del pueblo peruano contra  la corrupción” y los corruptos que permitieron y no denunciaron a los responsables del robo de más de 40,5 millones de dólares, solo en el proyecto de la Interoceánica.

            Morales se refirió a los resultados de la Comisión que investigó a Odebrecht que le ha costado al país 3,4 millones de soles  y cuyo informe en mayoría no ha contemplado responsabilidades en los casos del tren eléctrico, Irssa y otros, en los que el APRA y Fuerza Popular no tuvieron responsabilidad como sí lo hizo  el  informe en minoría.

            Fuerza Popular y el APRA, dijo el congresista  a sabiendas que es inconstitucional e ilegal interferir en este tipo de acuerdos – porque el Ministerio Público es autónomo – lo  cuestionan y quieren ‘traerlo abajo’.

            La norma dice que se debe respetar la autonomía de poderes. El acuerdo va a traer nombres y apellidos concretos de las personas involucradas y el acuerdo permitirá  que Jorge Barata presente documentación, pruebas de los delitos de corrupción.

            Por su parte, Rosa Bartra, vocera de Fuerza Popular y expresidenta de la comisión investigadora Lava Jato, aclaró que la comisión que presidió contempla 174 nombres de personas corruptas, 11 proyectos investigados, 3 mil 124 millones de soles involucrados. “Nosotros, afirmó, no hemos ‘lactado del Foro de Sao Paulo’, queremos la verdad pero con un buen acuerdo”, dijo

            Dijo que la interpelación es válida en democracia.  Aquí se trata de evaluar la acción del gobierno frente a la corrupción,  frente a Odebrecht;  por mandato de la Constitución es un deber  luchar contra la corrupción, aclaró.

            Comentó luego que se ha fijado una reparación civil que apenas supera los 115 millones de dólares, ante lo cual dijo que había una ausencia total de búsqueda de la verdad. “Quizás no se quiere saber  qué intereses  tuvimos cuando fuimos alcaldes o gobernadores. Urge un acuerdo de colaboración eficaz con eficacia, condicionalidad, con principios en los que  se debe basar.  No un acuerdo entreguista; necesitamos un acuerdo que cautele los intereses del Perú”, afirmó la congresista.

            Glider Ushñahua, representante de Unidos por la República, reconoció el esfuerzo del Ministerio Público por conocer la verdad, por reclutar pruebas para combatir la criminalidad. Los funcionarios de Odebrecht deben estar presos por provocar este forado en las vísceras del estado, con una conducta carroñera nunca vista, dijo el congresista en su turno de participación.

            Preguntó si la empresa Odebrecht tenía impunidad, o es acaso este el  precio  que debemos pagar por conocer quiénes han traicionado?   El acuerdo de delación con Odebrecht, es triste, es vendepatria. En el Perú quien  le roba al Estado tendrá derecho a devolverlo  en cómodas cuotas. No debemos  suscribir acuerdos con ladrones que quieren pedir reparaciones, sentenció.

NO HAY RESPONSABILIDAD

            En otro momento de las intervenciones, el legislador Gino Costa Santolalla (BL), refirió que ha sido pertinente la presentación del ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, pero no le corresponde responsabilidad.

            Dijo que ha quedado muy claro la presentación del ministro, ha sido muy provechosa. “La justicia sigue su curso, es un incidente judicial y es la primera vez que el Congreso se interesa en interpelar a un ministro de justicia que no tiene nada que ver con el tema”, afirmó.

            Explicó que si se deroga la Ley 30737, todos los procesos judiciales se caerían y otros proyectos están en peligro, pese a que Odebrecht ésta dando información sobre el Club de la Construcción.

            Jorge Meléndez Celis (PPK), a su turno, afirmó que era claro que no era competencia del ministro de justicia, pero parecía contradictorio porque se dice que el procurador público no debe estar sujeto a temas políticos y son defensores del gobierno de turno.

            Añadió que el ministro de Justicia vino a ratificar la autonomía que tienen los procuradores y comentó que había  un trasfondo político en su intento de debilitar al gobierno de Vizcarra. “Se ésta intentando tumbarse el acuerdo y por ende el proceso para impedir en llegar a los responsables de esos cuatro proyectos que solo favorece a los involucrados”, señaló.

            Richard Arce Cáceres (NP), por su lado, denunció la pretensión de querer tumbarse un acuerdo para saber de dónde vino el dinero. “Estamos viviendo el caso de corrupción más vergonzoso en el país.  Debe haber un respeto a la función jurisdiccional que tiene la fiscalía y el Poder Judicial. No se puede interferir ni bloquear”, refirió.

            Subrayó que este acuerdo está pendiente de su aprobación. El Poder Judicial  es autónomo en sus decisiones. El acuerdo no ésta escrito en piedra.

            Alejandra Aramayo Gaona (FP), dijo que cuando uno viene con un conjunto de ideas sin argumentos, hay ausencia de todo, de ideas. Todos deben pagar, como los terroristas que le hicieron tanto daño al país. Cuánto deben los de Sendero Luminoso o los del MRTA: más de 6 mil millones de soles, afirmó.

            En representación de la bancada aprista, Jorge del Castillo Gálvez, sostuvo que se han escuchado algunas palabrejas como que “se quieren tirar o tumbar la ley, pero a veces la ignorancia es atrevida”.

          Indicó que dicen que hay gente que se están oponiendo.  Si nos quedamos en solo cuatro temas, a quiénes están protegiendo?, preguntó.  “Hay un tema muy delicado en este asunto. El ministro de Justicia Vicente Zeballos señaló que no hay juicios contra Odebrecht, pero puede haber más adelante. Si negociaron sólo cuatro obras de las 15, por qué no negociaron con una cláusula para alguna acción futura, preguntó.

            Dijo que Odebrecht no ha sido suspendida ni un solo día. Ha sido la empresa que más ha robado en el Perú, pero no fue amonestada; es una vergüenza, remarcó.

            La sesión del Pleno fue suspendida luego de la intervención de Víctor García Belaunde, hasta las 4 de esta tarde. Al tomar la palabra, el representante de Acción Popular cuestionó la experiencia y trayectoria del procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez.

            Dijo que tiene tres meses en la Procuraduría de Lavado de activos y ninguna experiencia en delitos de corrupción; además –subrayó- ha sido defensor del narcotraficante Pedro Segundo Cubillos Ríos que se llevó 29 kilos de coca a Alemania. “Ese es el procurador al que le hemos entregado la potestad del Estado de poder decidir por cuatro mil millones de dólares que están en juego”, señaló. 

            Enseguida calificó al acuerdo con Odebrecht de nefasto para el país. “Por el acuerdo no hay embargos, ni cancelación de ninguna de las concesiones y son concesiones tramposas que las vamos a mantener por 30 años”, afirmó el legislador.

PRENSA CONGRESO