El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley 1931/2017-CR que propone fortalecer la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona Tarqui (NP), sustentó que la agenda de las mujeres sea una prioridad para el 2021. “La importancia de este proyecto de ley tiene por objetivo asistir y proteger a las víctimas de trata de personas, estableciendo mecanismos que promuevan la creación e implementación de centros de acogida temporal para las víctimas de Trata de Personas”, acotó.

Dijo que se les debe brindar atención protección, albergues, alimentación y atención multidisciplinaria especializada y facilitar su completa reintegración y reinserción.

Remarcó que se debe fortalecer estos espacios de acogida, para que sea priorizado, con las condiciones mínimas y se atienda a esta población vulnerable. “Estamos ante una mafia que atenta contra la seguridad de las mujeres. Esta propuesta es muy concreta”, enfatizó Pariona Tarqui.

Momentos después, la legisladora Karla Schaefer Cuculiza (FP), autora del referido proyecto, indicó que cuando comenzó a investigar esta problemática, se indignó por el nivel en que era considerado un ser humano, el flagelo más terrible de la humanidad. “Era algo sucio”, añadió.

Señaló que esa “economía sucia” en nuestro país, es la segunda que genera más dinero, luego viene la trata de personas.

“Tenemos la explotación sexual, pero también la explotación laboral. Recordemos el caso cuando dos jóvenes murieron asfixiados en un conteiner en un mercado informal. El país y el Estado, creo que estamos iniciando hacer algo”, indicó.

Añadió que no se está trabajando en la prevención y protección, y que el país necesita espacios de acogimiento para estas víctimas con el tratamiento adecuado. “Tenemos que trabajar para que los niños y niñas entiendan que no son un proyecto”, precisó.

“El Perú es un tránsito libre para la trata de personas,  desde Bagua, Trujillo y terminan en Madre de Dios. No hay control. Cuatro niñas entre 14 y 16 años, desaparecen al ser captadas por el internet. Son convocadas para ese tipo de trabajo. Tenemos que tener un tratamiento especial. Hay una impunidad terrible”, subrayó.

El legislador Juan Carlos Gonzáles (FP) comentó que estuvo en un evento relacionado a la trata de personas, donde todas las autoridades se comprometían a reforzar los refugios para este tipo de problema en México. “Nos falta mucho por hacer. Hagamos algo por estas mujeres. Yo estoy seguro que se les puede rescatar”, manifestó.

La parlamentaria Marisa Glave Remy (NP) sostuvo que son pocas las personas que se atreven a mirar cuando existe violencia contra la mujer. Dijo que el cuerpo de la mujer no puede ser mercantilizado. “No la podemos dejar como si no importara, ni darles la espalda”.

La congresista Indira Huilca Flores (NP)) expresó que se puede tener más herramientas para abordar el problema. Se debe priorizar los bienes incautados para que sean dirigidos a los que más lo necesitan. Planteó que se debe considerar por parte del PRONABI, la entrega de los bienes decomisados.

“Una joven que ha sido víctima de trata, termina siendo encerrada como si hubiera sido culpable de esa ilícita actividad. No podemos dejar que las mujeres rescatadas, terminen siendo tratadas como culpables”, afirmó.

El parlamentario Marco Arana Zegarra (FA) opinó que en Cajamarca, las rondas campesinas y urbanas, muchas veces se han enfrentado a los negocios de explotación sexual que llegó con el “boom” minero. Jamás se podrá decir que la mercantilización de las personas será uno de los daños colaterales del desarrollo. “No sólo se debe penalizar ese tipo de conducta criminal, sino profundizar la política de criminalización que se ésta dando en el país. Se debe resolver estos crímenes con sanciones ejemplares. No se está haciendo una política adecuada, con un marco normativo en el tema de prevención”, añadió.

La legisladora Luz Salgado Rubianes (FP) refirió que hay varias instituciones que deben tomar acciones. Se preguntó que cómo es posible que los controladores de transporte, no se den cuenta que las niñas son movilizadas.

“Las agraviadas no tienen  abogados, ni defensores de oficio, por eso pierden los casos. No hay apoyo social para defender a la familia, no existe un soporte emocional con psicólogos. Hace años que el Congreso, viene realizando estas audiencias sobre la trata de personas. Acceso a la justicia, apoyo social y soporte con psicólogos, es lo que necesitan”, agregó.

Finalmente, el parlamentario Richard Arce Cáceres (NP), consideró que se debe de buscar un punto de consenso por tratarse de un problema muy delicado.

Dijo que no es fácil sacar a los niños de un espacio de esa naturaleza, hay muchos trámites por realizar. “Se requiere también los espacios para las mujeres que sufren de violencia. Hay regiones donde la incidencia es mucho mayor a esta situación de trata de personas”, puntualizó. (JCHOY)

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