El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 74 votos a favor, la Moción de Orden del Día N.º 19978, que otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para realizar una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco, relacionadas con 32 obras paralizadas y contratos con la empresa Grupo Pérgola S.A.C., durante el periodo del gobernador Antonio Leonidas Pulgar Lucas.

Con esta decisión, el Parlamento refuerza su compromiso con la transparencia, la fiscalización efectiva y la lucha contra la corrupción, al dotar a la comisión de mecanismos ampliados de investigación que permitirán obtener información clave y determinar responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

La Comisión de Fiscalización contará con 60 días hábiles para desarrollar las pesquisas, prorrogables por única vez hasta 30 días más. Durante este periodo, podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de la reserva tributaria, así como disponer la conducción de grado o fuerza de las autoridades y funcionarios que no se presenten a las citaciones.

Estas facultades especiales permitirán una investigación más eficaz y transparente, enfocada en esclarecer el destino de los fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura vial, salud, transporte y otros sectores esenciales que permanecen inconclusos o paralizados, afectando directamente a la población de Huánuco.

La decisión busca destapar el destino de millones de soles del presupuesto público, hoy detenidos en proyectos inconclusos de salud, transporte e infraestructura.

“No son simples trámites: hablamos de hospitales que nunca abrieron, carreteras abandonadas y recursos del pueblo en riesgo. Vamos a investigar con todo el peso de la ley”, advirtió la congresista Ariana Orué Medina, secretaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

De esta manera, el Congreso de la República reafirma su rol de control político y su compromiso de proteger los intereses del Estado y garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos, promoviendo sanciones ejemplares frente a cualquier acto de corrupción o negligencia en la gestión pública.