La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en su sesión del lunes 11,  una cuestión previa que declara procedente la denuncia constitucional 266 presentada por la congresista Yeni Vilcatoma (FP) contra el ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento, demora en actos funcionales y favorecimiento para la fuga del exvocal supremo César Hinostroza al extranjero.

La denuncia constitucional fue calificada, en principio, de improcedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por lo que el congresista Juan Carlos del Águila (FP) planteó una reconsideración a la calificación debido a las últimas evidencias publicadas en un medio de comunicación que señalan las responsabilidades de Pablo Sánchez.

La congresista Karina Beteta (FP) señaló que lo publicado evidencia la responsabilidad del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y estimó que la denuncia constitucional debiera ser calificada como procedente porque contiene todos los argumentos legales para su conversión a la procedencia respectiva.

Yeni Vilcatoma (FP), autora de la denuncia, manifestó su indignación por la forma fácil como se archivan las denuncias que tienen los fundamentos legales para su procedencia. Dijo que Pablo Sánchez es el único responsable de la fuga de César Hinostroza, con lo cual se configuró el favorecimiento de la fuga del exjuez supremo.

Dijo que, además, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, han mentido al país, por lo tanto anunció que presentará una moción para que ambos sean interpelados.

Agregó que la denuncia constitucional 266 debe ser considerada procedente y que las nuevas evidencias se investiguen exhaustivamente en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para luego emitir el informe correspondiente.               

Por su parte, el congresista Gino Costa planteó una reconsideración de las denuncias constitucionales 239 y 262, a fin de que nuevamente se investigue, se declaren procedentes, se determinen las calificaciones correspondientes y se investiguen a quienes se señalen responsables.

Edmundo del Águila (AP) planteó que las tres denuncias constitucionales contra la corrupción deberían votarse en conjunto o en bloque. Richard Arce (NP) fue también de la idea que se voten en bloque. “Tenemos que demostrar que en casos de corrupción no nos casamos con nadie”, manifestó.

Sometida al voto la denuncia constitucional 266 fue aprobada por 24 votos a favor, cero en contra y una abstención, con lo cual se procedió el cambio de calificación de improcedente a procedente, por lo cual seguirá siendo investigada en la SubComisión de Acusaciones Constitucionales, que preside César Segura Izquierdo (FP). Posteriormente, se le dio un plazo de hasta 15 días hábiles para realizar sus indagaciones y presentar un informe final.

OTRAS VOTACIONES

  La denuncia constitucional 239 y 269 no alcanzaron la votación requerida para el cambio de calificación, por lo tanto fueron archivadas.

La Comisión Permanente también ratificó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de declarar la improcedencia de 40 denuncias constitucionales. Todas fueron archivadas de acuerdo al inciso c) del artículo 89 del Reglamento  del Congreso de la República.   

La Comisión Permanente aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión para que se investiguen las denuncias formuladas por los congresistas Mauricio Mulder contra el ex congresista Juan Pari Choquecota; Marco Miyashiro  contra el exministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido; Marisa Glave y otros en contra del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.

            Igualmente otorgó un plazo de 15 días para que investigue y elabore un informe sobre la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos, por presuntas infracciones a los artículos 39, 44, 139, 146, 158 y 159 de la Constitución Política, y por la supuesta comisión de los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y contra la tranquilidad pública y organización criminal.

De otro lado, se aprobó la denuncia constitucional 123 formulada por el congresista Marco Miyashiro que declara improcedente la denuncia contra el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso, por infracción constitucional; y procedente la acusación contra el exmandatario por la presunta comisión  del delito de usurpación. Será investigada durante 15 días y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que emitir su informe final en ese plazo.

También se fijó 15 días para que se investigue la denuncia interpuesta por la congresista Maritza García y Lizbeth Robles, la cual declara improcedente la denuncia contra el fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas, en el extremo referente a la infracción de los artículos 43 y 177 de la Constitución. Se declaró procedente la denuncia contra el citado magistrado en el extremo referente a la infracción al artículo 159 de la Constitución.

Se aprobó la denuncia constitucional interpuesta por la congresista Gloria Montenegro que declara improcedente la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, en el extremo de la infracción constitucional al artículo 158; pero declara procedente en el extremo de infracción constitucional al artículo 146. También se declaró procedente la denuncia formulada contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por infracción al artículo 158 de la Constitución.

Igualmente fue aprobada la denuncia constitucional 270 presentada por el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco Tirado, que la hizo suya el congresista Gino Costa y otros. Fue declarada improcedente la denuncia contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal y declaró procedente la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, por la comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal.

De conformidad con el inciso C) del artículo 89 del Reglamento del Congreso pasó al archivo el extremo declarado improcedente y se dio un plazo de 15 días para la investigación en lo que corresponde a la denuncia declarada procedente.

Asimismo se aprobó una aclaración solicitada por el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva Corrales, vía aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en el texto sustitutorio de los proyectos de ley 3745, 3772, aprobados en primera votación y exonerado de segunda votación en la sesión del Pleno del 1 de febrero del 2019, que crea la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.  

A inicios de la sesión, la Representación Nacional guardó un minuto de silencio en póstumo homenaje a las víctimas mortales por los últimos desastres naturales ocurridos en el sur del país. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, anunció que el Poder Legislativo apoyará económicamente a los más de 200 damnificados.

PRENSA-CONGRESO-

11-2-19