La congresista Indira Huilca dijo que toda acción especializada debe venir acompañada de un presupuesto, en alusión a la implementación del sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

            La parlamentaria de Nuevo Perú encabezó el martes 29 la reunión de la mesa técnica instalada para analizar los avances en esta implementación.

            «Es verdad que en el país hay una situación dura y difícil frente a la violencia, pero cuando se requieren acciones concretas es necesario delimitar metas y contar con presupuesto», subrayó la legisladora.

            Con ello coincidió en la sesión la viceministra del ministerio de la Mujer, Silvia Loli, quien antes de dar detalles del cronograma para la implementación del sistema, resaltó que se requiere un trabajo articulado, pero sobre todo se necesita una partida presupuestal.

            «Es impensable que se pueda ejecutar sin un sol. Contamos con 200 millones de soles del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para iniciar la implementación, pero necesitamos un presupuesto multisectorial para el resto del proceso», puntualizó la funcionaria.

            En cumplimiento de su función fiscalizadora la congresista Huilca resaltó la importancia de estar vigilante a un correcto  uso de los recursos.

            “La asignación de esos recursos evidentemente implica monitorear el avance de las acciones y los resultados que estas acciones están generando y es importante ver como se están priorizando estos recursos que siempre van a ser limitados en función a las necesidades enormes que tenemos para atender los miles de casos de violencia, pero se está priorizando los distritos judiciales con más incidencia de casos”, sostuvo la legisladora. 

            Al dar detalles de los criterios para iniciar este trabajo, Loli dijo que principalmente se está tomando en cuenta las zonas con mayor prevalencia de violencia y la carga procesal en esta materia, entre otros criterios. 

            Por ejemplo, las zonas donde podría implementarse con recursos existentes sin necesidad de más recursos complementarios. Es el caso de Ventanilla, donde se puede reorientar equipos para una atención especializada, agrego la viceministra.

            Anunció que el cronograma se empezará a ejecutar en julio de este año, fecha en la que se empezará a implementar el Código Procesal Penal en todo Lima.

            «Hoy nos vamos a reunir con una comisión de alto nivel con el fin de establecer las rutas y que debe ser aprobada esta tarde. 98 millones, de los 200 millones, se destinarán al sistema especializado para poner en funcionamiento los módulos de justicia, las cámaras Gesell para el fortalecimiento de medicina legal y para los laboratorios forenses», dijo la representante del Ministerio de la Mujer.

            La funcionaria precisó que el inicio será en el distrito judicial Lima Este que abarca desde San Juan de Lurigancho hasta Santa Eulalia, una jurisdicción bastante amplia. Posteriormente se hará lo propio en Arequipa, con recursos, y en Ancash con una reasignación presupuestal.

            En representación del Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, Cristian Arturo Hernández, informó que se han implementado Módulos Integrados de Violencia -teniendo como base las cifras de incidencia de violencia- en Lima Sur, Junín y en cinco distritos judiciales.

            Sin embargo, observó que el sistema no ha sido eficiente porque las denuncias las han pasado al módulo integrado al que no pueden tener acceso los jueces cuando eso se debe atender con articulación intersectorial. “Se requiere un sistema integrado que comunique a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. La integralidad es una necesidad urgente”, acotó.

            De otro lado, puso énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de las medidas de protección y deploró que no haya una lucha frontal contra la impunidad porque se ha dado casos en que el juez dicta la medida de protección pero la fiscalía la archiva.

            Finalmente, informó que no hay presupuesto -este año- para implementar nuevos módulos integrados, solo hay para los que ya están en funcionamiento.

En la reunión también participaron representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, entre otros.

PRENSA CONGRESO