El Grupo de trabajo – que preside el congresista Miguel Torres- encargado del control constitucional de los actos normativos emitidos por el Poder Ejecutivo, aprobó los informes sobre los siguientes decretos que han respetado las normas del caso y lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política.

En efecto, se aprobó por unanimidad los alcances legales del Decreto Legislativo 1390 que modifica la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor-, referida a la prohibición de las prácticas comerciales que emplean llamadas telefónicas o envío de mensajes masivos para ofrecer productos y servicios, con lo cual se pone punto final al acoso que sufrían miles de consumidores que no habían dado su autorización para ello.

La norma reconoce que la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden realizar prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor, a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo.

De igual forma, se validó el informe del Decreto Legislativo 1410 que incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales de corte sexual, ente otros aspectos como la modificación del procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

El decreto busca acabar con la tolerancia social y falta de sanción frente a estas conductas. Establece hasta seis años de pena privativa de la libertad a quienes divulguen imágenes o audios con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

Otro informe aprobado está relacionado con el Decreto Legislativo 1428, norma que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, se aprobó el informe del Decreto Legislativo 1437 relacionado con el Sistema Nacional de Contabilidad, y el Decreto Legislativo 1449 que establece medidas de simplificación administrativa con la finalidad de simplificar trámites establecidos en normas con rango de ley, que cumplen con los alcances legales.

Al término de la reunión, los congresistas Miguel Torres y Gilbert Violeta López (PPK) informaron que continuarán su labor de control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo, toda vez que se requiere que las normas y leyes se cumplan con los procedimientos que les corresponden.

“Vamos a seguir revisando y estudiando los actos normativos del Poder Ejecutivo a fin de someterlos a un control constitucional y político y seguir emitiendo informes que expresen de manera consensuada las conclusiones del Grupo de Trabajo al que arribamos”, refirió el coordinador de ese grupo de trabajo, Miguel Torres. (FAA).

PRENSA CONGRESO