La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó a la congresista delegada Ana Zegarra Saboya (SP) cinco días hábiles a fin de que elabore el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 (acumuladas) contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones, y la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, por la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política, por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Las denuncias, formuladas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País), comprende también al exministro del Interior de ese gobierno, Willy Arturo Huerta Olivas y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.

El plazo fue anunciado por la presidenta de la subcomisión, congresista Lady Camones Soriano (APP), en cumplimiento del artículo 89 del Reglamento del Congreso, y luego de llevarse a cabo, por casi cuatro horas, la audiencia respectiva para escuchar a las partes involucradas. A la cita, asistió de manera virtual el exmandatario detenido, Pedro Castillo Terrones.

LA AUDIENCIA

Durante la sesión, la titular de la subcomisión tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a las partes y más de seis veces a los abogados de Chávez Chino, en particular a Raúl Noblecilla Olaechea, quien ejerció defensa política. De la técnica, se encargó Luis Barranzuela Alvites. Por el lado, de Sánchez Palomino, lo hizo el abogado Domingo García Belaunde y por el de Huerta Olivos, Juan Carlos Alarcón Caycho.

El congresista Muñante Barrios al exponer su denuncia DC 547 descartó que los hechos ocurridos deban ser considerados solo como una proclama, sino del intento de un golpe de Estado, y el de resquebrajar el orden constitucional, como lo habrían señalado los propios exabogados de Castillo Terrones.

Dijo que hubo actos previos, desde el inicio de su mandato con la presentación de propuestas legislativas para modificar la Constitución.

Con respecto a Chávez Chino señaló que existen testimonios de que antes, durante y después de los hechos ella evidenció no estar en desacuerdo con el golpe de Estado, como el caso de coordinar la difusión del canal de televisión estatal del mensaje.

En el caso de Huertas Oliva, indicó que fue quien dio la indicación al general PNP Manuel Lozada, la orden presidencial para que se dé seguridad a la casa de los padres de Castillo Terrones. Asimismo, le prestó su teléfono para que se comunique con el comandante general PNP, Raúl Alfaro Alvarado, para ordenarle que cierre el Congreso e intervenga a la entonces fiscal de la nación.

Con respecto a Sánchez Palomino, refirió que éste mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno entre noviembre y diciembre del 2022 sin que dé explicaciones de éstas. Tampoco rechazó la intentona golpista ni renunció inmediatamente una vez conocida su ilegalidad.

Lo propio hizo el congresista Cavero Alva, autor de la DC 575, quien dijo que su demanda incluye la inhabilitación de Castillo Terrones para que no pueda acceder al poder y reincidir en el intento de golpe.

CASTILLO TERRONES

El exmandatario Castillo Terrones aseguró que sus decisiones en torno a los hechos del 7 de diciembre del 2022 las hizo solo, sin conspirar, sin reunirse. Indicó que el día anterior, el 6 de diciembre, se reunió con sus asesores legales.

Por su lado, el abogado de Chávez Chino, Barranzuela Alvites, sostuvo que mientras no haya una sentencia condenatoria, por parte del Poder Judicial, no se puede decir que se cometió el delito de rebelión o de conspiración.

EXMINISTRO DEL INTERIOR

El extitular del Interior manifestó no saber por qué se encuentra investigado, y señaló que el haber estado presente en Palacio de Gobierno en esa fecha no significa que haya participado.
Se manifestó como el “chivo expiatorio al que se le acusa de 30 infracciones constitucionales porque se necesita tener a quien representa las armas”.

SÁNCHEZ PALOMINO

El abogado del congresista Sánchez Palomino, García Belaunde, dijo que su patrocinado no es responsable de un delito o infracción política y que el Poder Judicial lo absolvió de toda acusación, por lo que se preguntó la razón por la que se encuentra nuevamente involucrado, ya que no se presentaron nuevos elementos.

EL DEBATE

Durante el debate el congresista Elías Varas Meléndez (JPP-VP-BM) dijo que la vacancia de Castillo Terrones fue ilegal porque se requería 104 votos y solo se obtuvo 101, lo que fue aclarado por Muñante Barrios, quien dijo que lo señalado responde a otro aspecto referido a la fecha de realización de votación de la vacancia, como lo establece el artículo 89 inciso c) del Reglamento del Congreso.

La congresista Martha Moyano Delgado (FP) dijo que en el caso de la votación por la vacancia de Castillo (FP), algunos de miembros de su bancada votaron a favor.

En tanto, los legisladores Pasión Dávila Atanacio (BS) y Margot Palacios Huamán (NoA) coincidieron en señalar que se está preparando la inhabilitación de Pedro Castillo porque existiría el temor de una elección en los próximos comicios.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL