Ante la grave crisis de inseguridad que se vive en el país se eliminarán las barreras administrativas que retrasan el apoyo de los gobiernos regionales y locales a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Así lo decidió la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside la congresista Ana Zegarra Saboya (SP), al aprobar en forma unánime (19 votos) el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de los PL 03485/2022-CR, 08453/2023-CR y 09159/2024-CR.

Esta iniciativa, que fue observada por el Poder Ejecutivo, plantea la ley que fomenta la colaboración entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de la Policía Nacional del Perú con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana.

Zegarra Saboya fue clara al señalar que, si bien en el dictamen de insistencia se allanan a las observaciones técnicas, persiste en la necesidad de eliminar las barreras administrativas que retardan la efectividad del apoyo que los gobiernos subnacionales pueden y quieren ofrecer a favor de la policía.

“La ley que hemos aprobado gestiona de forma más eficiente la colaboración entre los gobiernos subnacionales y la PNP pues ya no se requerirá que los convenios de colaboración sean firmados con el Ministerio del Interior, sino directamente con las direcciones desconcentradas de la PNP”, dijo.

Señaló que el Poder Ejecutivo argumenta que con la aprobación de la ley se estaría invadiendo competencias que son exclusivas del ministerio y que se afecta la estructura jerárquica y funcional de la PNP, pues generará que las municipalidades puedan intervenir en ámbitos operativos de la policía.

Asimismo, que se paralizarán los convenios que se encuentran en trámite ya que se restringiría su alcance solo a seguridad ciudadana, mientras que la ley anterior establece un margen mayor de apoyo.

La parlamentaria consideró que estos argumentos no revisten consistencias porque los convenios no tienen más contenido que la suscripción de apoyo con las direcciones desconcentradas de la PNP.
La congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) sostuvo que la medida es necesaria frente a la grave crisis de delincuencia e inseguridad que estamos padeciendo en el país y que no debió ser observado.

En otro momento, para efectos de la elaboración del dictamen correspondiente, el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) expuso fundamentos de su Proyecto de Ley 12068/2025-CR, que plantea la ley que crea un régimen especial para el centro histórico de Cusco, a fin de promover la inversión pública y privada para su desarrollo integral y sostenible.

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