La Junta de Portavoces se reunirá el próximo lunes 7 para decidir el destino del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público y modifica  su ley orgánica (Decreto legislativo 052) que fuera presentado ayer por el mandatario Martín Vizcarra, al Congreso de la República.

            La propuesta –remitida a las comisiones de Constitución y de Justicia para su estudio- es de solo cinco artículos y una Disposición Complementaria Transitoria. La iniciativa propone que se declare en emergencia el MP y se suspenda el ejercicio de las funciones del Fiscal de la Nación, de los Fiscales supremos titulares actuales. Se conformará una Junta Transitoria de Fiscales Supremos a fin de garantizar la autonomía de ese organismo.

            Durante el plazo que dure la emergencia declarada por la ley se suspenderán el ejercicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de la Nación actual, así como de los fiscales supremos titulares que conforman la actual Junta de Fiscales Supremos.

            La Junta Transitoria por crearse estará compuesta por fiscales supremos adjuntos titulares que tengan más de diez años en el cargo. Estos serán convocados por la secretaría técnica de la Junta de Fiscales Supremos para que cumplan con ese requisito, bajo responsabilidad civil o penal.

            De otro lado, los fiscales supremos que asuman la Junta Transitoria deben cumplir con acreditar dentro de las 24 horas siguientes a su convocatoria, una serie de requisitos, entre ellos no haber sido sancionado por la comisión de faltas graves, no contar con procesos disciplinarios o penales abiertos, ni tener conflicto de intereses de cualquier índole que puedan afectar el ejercicio idóneo de las funciones encomendadas.

            A su vez, la Junta Transitoria tendrá como funciones elegir entre los fiscales supremos a un Fiscal de la Nación Transitorio (hasta que cumpla el periodo de emergencia), asumir las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la Junta de fiscales supremos y aprobar el plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público, así como acordar el apartamiento temporal de la función fiscal de aquellos fiscales que estén involucrados en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo.

            En la Exposición de motivos de la propuesta legislativa, el Ejecutivo señala que las medidas que se formulan en el proyecto son respetuosas de la autonomía del MP y en resguardo de ella es que ha dispuesto medidas temporales dirigidas a superar la actual situación de arbitrariedad en ese organismo que vulnera el artículo 103 de la Constitución (principio de prohibición de abuso del Derecho).

            Esta situación (la existencia de una presunta red de corrupción al interior del MP que comprometen a magistrados y funcionarios), se afirma, ha generado serias dudas y desconfianza entre la ciudadanía sobre la actuación e idoneidad de sus integrantes para el cumplimiento de sus deberes establecidos por la Constitución y su ley orgánica.

PRENSA CONGRESO