Este lunes, la Comisión de Mujer y Familia, presidida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (RP), en sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz (PL), recibió al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, al ministro del Interior, Carlos Malaver, y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña.

Durante la sesión, las autoridades expusieron las medidas que vienen adoptando sus respectivas carteras para cumplir las metas de la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 009-2021-IN, y de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 008-2021-MIMP.

El premier Eduardo Arana sostuvo que el país atiende en promedio dos mil casos de trata cada año. Con el apoyo interinstitucional de la Cancillería, en 2024 se logró la repatriación de seis connacionales víctimas de este delito. Entre los avances, destacó que más de 3,600 funcionarios fueron capacitados en atención especializada y que se viene priorizando un trabajo interinstitucional con 16 entidades, bajo la conducción del Ministerio del Interior.

Sin embargo, manifestó que aún existen retos pendientes para combatir este flagelo y que se vienen fortaleciendo soluciones sostenibles. “Se buscan impactos sostenibles con mejores servicios y atención. La trata de personas atenta contra la dignidad de las personas. Por ello, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a las víctimas y castigar a los responsables”, expresó.

Durante su intervención, la ministra Ana Peña destacó que, en 2024, de los 186 casos vinculados a trata de personas, el 99.5 % correspondió a mujeres y, dentro de esta cifra, el 73 % eran niñas y adolescentes. Añadió que, entre 2024 y 2025, el MIMP atendió a 157 víctimas en los Centros de Emergencia Mujer y Familia; 94 niñas y adolescentes recibieron protección en las Unidades de Protección Especial; 154 menores fueron acogidos en albergues del Inabif; y 405 personas recibieron acompañamiento integral.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, precisó que la Policía Nacional ejecutó 124 campañas preventivas que sensibilizaron a más de 9,800 personas en diversas regiones, y brindó más de mil asistencias técnicas a gobiernos subnacionales, logrando la constitución de 25 espacios regionales de coordinación.

Los congresistas también expresaron su preocupación. Mery Infantes (FP) advirtió sobre la gravedad de los casos en Condorcanqui y solicitó un centro de acogida en la zona. Alejandro Muñante (RP) propuso que la modalidad de “vientres de alquiler” sea reconocida como una nueva forma de trata. Pasión Dávila (BS) pidió atención a padres de familia que marchan por la descontaminación de la laguna Patarcocha, mientras que Héctor Ventura (FP) exigió mayor control fronterizo, especialmente en Tumbes.

Según las cifras reportadas por otras instituciones, el Perú pierde alrededor de 1,300 millones de dólares al año por la trata de personas (700 millones por explotación laboral y 600 millones por explotación sexual). En 2024, el Ministerio Público registró más de 2,600 denuncias; el Poder Judicial resolvió 518 expedientes; el Ministerio de Justicia patrocinó a 687 víctimas; Migraciones atendió a 59 extranjeros; y Reniec restituyó la identidad a víctimas registradas.

La presidente de la Comisión de Mujer y Familia, congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, reafirmó el compromiso del Parlamento de continuar fiscalizando y articulando esfuerzos intersectoriales para erradicar este delito que golpea principalmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Comisión de Mujer y Familia