La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar y presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia, sesionó este lunes bajo la conducción de la congresista María del Carmen Alva Prieto (No Agrupada).

En la jornada participó el fiscal de la nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien expuso los principales problemas del Ministerio Público, las reformas en marcha y las medidas legislativas necesarias para enfrentar la crisis institucional.

Gálvez sostuvo que resulta urgente fortalecer la dirección y el control interno en todos los niveles de la Fiscalía. “Debemos evitar que cada despacho funcione como compartimento estanco donde el fiscal actúa sin controles. Se requieren protocolos que obliguen a todos, incluso a los supremos”, señaló.

Asimismo, exhortó a terminar con las confrontaciones entre instituciones porque “mientras los órganos encargados se enfrentan, la delincuencia avanza».

El el curso de  la sesión, los congresistas plantearon interrogantes puntuales. Alejandro Muñante (RP) exigió la aplicación efectiva de la Ley N.° 32182 para sancionar con severidad a delincuentes capturados en flagrancia.

Por su parte, Patricia Juárez (FP) resaltó la disposición del fiscal de la nación para dialogar con el Congreso y pidió trabajar en conjunto en la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. “Queremos recuperar la institución que admiramos durante años y que ahora atraviesa una crisis por la injerencia política”, expresó.

El parlamentario Luis Aragón (AP) destacó la necesidad de reconocer constitucionalmente a las rondas campesinas en el marco del artículo 149, resaltando que estas cumplen una función de apoyo en la justicia comunal. Además, advirtió que la falta de presupuesto en la Fiscalía limita seriamente la capacidad investigativa de los despachos fiscales y pidió revisar la designación de fiscales en temas de interés público.

En tanto, Lady Camones (APP) llamó a tender puentes con la Comisión de Presupuesto para fortalecer la logística del Ministerio Público. Recordó que un proyecto de ley permite a gobiernos locales y regionales financiar equipos y recursos para fiscales y la Policía Nacional. Preguntó, además, si la Fiscalía puede fiscalizar decisiones colegiadas del Congreso.

En otro momento, la congresista Rosselli Amuruz (AP) cuestionó la politización del Ministerio Público y exigió una postura clara sobre los procesos de extradición, como el del narcotraficante conocido como ‘El Monstruo’, detenido en Paraguay. “¿Cuál es el papel de la Fiscalía como autoridad central en estos procesos de cooperación jurídica internacional?”, planteó.

En una posición crítica, Segundo Quiroz denunció que el Ministerio Público dedica esfuerzos a una “persecución política” con más de 100 congresistas denunciados sin sustento. Reclamó una reestructuración profunda y advirtió que no será posible avanzar sin objetividad y respeto al Parlamento.

En ese marco, la presidenta de la comisión, María del Carmen Alva, reforzó la exigencia de contar con un Ministerio Público “menos politizado y más objetivo”. Además, formuló preguntas sobre el régimen disciplinario de fiscales supremos, la eventual ampliación de la Junta de Fiscales Supremos y la posibilidad de modificar el mandato del fiscal de la Nación.

RESPUESTA

En su respuesta a las interrogantes de los parlamentarios, Gálvez advirtió que algunos abogados sin capacitación adecuada dirigen despachos fiscales, lo que agrava la crisis en la institución.

Sobre las fiscalías antiterroristas y de derechos humanos, Gálvez indicó: “No le veo lógica a la unificación. Si el Congreso lo solicita, se puede debatir en la Junta y dividirlas”.

Sobre el tema presupuestal del Ministerio Público, defendió que la autonomía fiscal debe garantizarse con un presupuesto propio. “Cada año las necesidades del Ministerio Público se incrementan, y así no se puede trabajar”, afirmó.

También planteó implementar un sistema de investigación sustentado en la ciencia, que requiere peritajes de alto costo y coordinación con la Policía.

En esa línea, añadió que la Policía carece de recursos para investigaciones especializadas, lo que agrava la lucha contra el crimen organizado.

Finalmente, el fiscal interino recordó que las rondas campesinas fueron indebidamente usadas durante el gobierno de Pedro Castillo, lo que desplazó a los verdaderos ronderos.

La sesión concluyó con la coincidencia de los parlamentarios en que la reforma de justicia es una urgencia impostergable para recuperar la confianza ciudadana y enfrentar de manera efectiva al crimen organizado y la corrupción.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL