Un informe sobre el número de excombatientes de la lucha antisubversiva desde 1980, es decir desde hace cerca de 40 años, solicitará la Comisión de Defensa Nacional al Ministerio del sector para evaluar las posibilidades de insistencia en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que plantea beneficios acordes con los alcances de la Ley N° 24053 de la denominada “Campaña militar de 1941”.

Fue después de un amplio debate sobre la pertinencia o no de la propuesta, aunque hubo coincidencia en reconocer el sacrificio, el esfuerzo y la entrega de los soldados que lucharon en contra del terrorismo. La votación fue por mayoría.

El presidente de la comisión, Jorge del Castillo (CPA), hizo hincapié en el hecho de que el Congreso no tiene facultad para irrogar gastos al Estado, que no se cuenta con el número exacto de los que serían beneficiarios y que no hay formas claras para identificar quiénes realmente estuvieron en los lugares de combate, porque en muchos casos no existen partes de guerra.

“Esta es una ley que establece dar sueldos de 2 mil 700 soles a los licenciados. No sabemos cuántos son, entonces quiénes serían los beneficiarios?”, preguntó.

“No se Puede aprobar al guerrazo. Si el tema es una cantidad inconmensurable – y creo que serán más que los que están en el servicio- se tendrá que evaluar y pedir opinión a la Comisión de Presupuesto”, anotó.

Los congresistas Roy Ventura (FP), Édwin Donayre (APP), Luis Yika García (NA) y Richard Arce (NP), entre otros, destacaron la justicia del planteamiento para  reivindicar a los soldados que estuvieron en el frente de lucha. 

La Ley N° 24053 establece que a los soldados calificados como Vencedores de la Campaña de1941 deben recibir una bonificación mensual equivalente a un sueldo mínimo vital, derecho a atención médica gratuita y medicinas, trato preferencial en la obtención de vivienda propia, entre otros.

De otro lado, el grupo parlamentario aprobó en forma unánime la iniciativa legislativa que autoriza el ingreso de personal militar al territorio peruano, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente a octubre y noviembre del 2018.

En otro momento se dio cuenta de una propuesta que plantea restricciones a las personas que han cumplido condena por el delito de terrorismo, la que fue exonerada de comisión y pasó directamente para ser debatida en el Pleno, cuando sea colocada en agenda.

El congresista Moisés Mamani (FP), quien no es miembro de la comisión, expuso su propuesta que plantea declarar de necesidad y utilidad pública la priorización del mejoramiento de los servicios policiales del Complejo Policial N° 1 de la División de Orden y Seguridad de Juliaca, en Puno, que fue destrozada por un atentado hace siete años. La comisión elaborará el dictamen. (MED)

PRENSA-CONGRESO-17-09-2018  

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