La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), presidida por la congresista Katy Ugarte Mamani (JP), aprobó -en su segunda sesión ordinaria- el dictamen recaído en los proyectos de ley 10374 y 11132 de 2024, que plantea modificar la Ley  29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que crea un mecanismo estable de financiamiento para la defensa y difusión de los derechos de los consumidores.

El dictamen incorpora la creación del Fondo Especial para el Financiamiento y la Difusión de los Derechos de los Consumidores (FEFCO), que permitirá a las asociaciones reconocidas acceder a recursos para sostener sus actividades de protección, asesoría y representación de usuarios.

Cambios en la norma y creación del FEFCO

La iniciativa modifica los artículos 131 y 154 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableciendo que el saldo no reclamado de las indemnizaciones cobradas por el Indecopi se destine al FEFCO. Además, prohíbe a las asociaciones de consumidores recibir financiamiento de proveedores que comercializan bienes y servicios, garantizando así independencia y transparencia en su labor.

El nuevo artículo 161, incorporado al Título VII, detalla que el fondo se nutrirá de aportes del presupuesto público, donaciones de entidades sin fines de lucro y saldos de procesos judiciales. Asimismo, la Contraloría General de la República supervisará el uso de los recursos, cuya administración recaerá en un consejo directivo autónomo.

Posturas divergentes en la comisión

Por su parte, el congresista Idelso García Correa (APP), autor del Proyecto de Ley N.° 10374, respaldó la propuesta y destacó que “las asociaciones de consumidores cumplen un rol serio y comprometido, apoyando de manera gratuita a los ciudadanos en sus reclamos”.

En la misma línea, Wilson Soto (AP) señaló que el dictamen “resulta interesante” y que el Pleno tendrá la oportunidad de perfeccionar el texto.

En contraste, Ernesto Bustamante (FP) mostró su rechazo. Advirtió que de todas las asociaciones, solo ASPEC cumple con los requisitos exigidos, lo que, a su criterio, convierte la iniciativa en una ley “con nombre propio”. Por ello, pidió un cuarto intermedio hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría emitieran opinión.

Opiniones del MEF y la Contraloría

La presidenta de la comisión, Katy Ugarte, informó que el MEF señaló que la propuesta no regula materias de su competencia, por lo que no corresponde opinión de su parte. En tanto, la Contraloría sostuvo que no es necesario incorporar de forma expresa su rol fiscalizador en el Código, ya que esa función le corresponde por mandato constitucional. Sin embargo, se mantuvo el texto para reforzar la transparencia.

Tras el debate, la comisión aprobó el dictamen por mayoría con 9 votos a favor y 5 en contra.

Debate sobre métodos abusivos de cobranza
Posteriormente, se debatió el dictamen del Proyecto de Ley  11437, presentado por Ugarte, que propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor para prohibir métodos abusivos de cobranza.

La congresista Esmeralda Limachi (JP) sugirió precisar que la restricción aplique solo al mismo medio de comunicación, para permitir que los consumidores reciban notificaciones por otras vías. Desde Fuerza Popular, Rosangella Barbarán resaltó que “la intención no es eliminar la comunicación con los usuarios, sino frenar los excesos que generan acoso”.

El congresista Bustamante cuestionó la consulta reiterada a ASPEC y pidió que se convoque a las empresas de cobranzas. En ese sentido, con siete votos a favor y seis en contra, la comisión aprobó llevar la iniciativa a una mesa de trabajo para un análisis más profundo.
Osiptel anuncian medidas contra fraudes en telefonía móvil.

Más adelante se contó con la participación de Jesús Eduardo Guillén Marroquín, presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El funcionario detalló los retos del sector y las medidas para reforzar la protección de los usuarios frente a los fraudes financieros y vulneraciones de seguridad que ponen en riesgo sus datos y patrimonio.

Guillén enfatizó que entre 2024 y 2025, OSIPTEL realizó 2,741 monitoreos a centros de atención, resolvió 50,000 casos y aplicó multas que sumaron S/ 233 millones en 2024. Hasta junio de 2025, Movistar acumuló sanciones por S/ 31 millones y Bitel por S/ 15 millones. El regulador atendió a más de 59 mil usuarios en sus 41 oficinas a nivel nacional.

Lucha contra fraudes financieros

El titular de Osiptel advirtió que los trámites de reposición de SIM, cambio de titularidad y contratación de nuevas líneas son los más usados para el fraude financiero. Para contrarrestarlo, entidad firmó convenios con Reniec y Migraciones, validando la identidad de más de 30 millones de usuarios. Además, implementó medidas como la verificación biométrica, el uso de contraseñas únicas y la suspensión inmediata ante intentos de fraude.

“Hemos logrado reducir significativamente el mal uso de trámites como el SIM swapping”, aseguró.

En esa línea, el representante de Osiptel agregó: “Los nueve dígitos de los números de celulares ya se están quedando cortos y pronto se acabarán; se estima que en breve se usarán diez dígitos”.

Pedidos adicionales

En la sesión, el congresista Wilson Soto (AP) solicitó convocar a una sesión extraordinaria con el ministro de Transportes y Comunicaciones y la jefa de OSITRAN para evaluar la aplicación de la tarifa unificada del usuario aeroportuario, prevista para septiembre.

Por su parte, el legislador Segundo Quiroz pidió priorizar el debate del Proyecto de Ley N. ° 10048, que busca garantizar la protección de los consumidores mediante educación sobre los plazos de prescripción.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL