La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia evaluó este viernes el cumplimiento de las leyes que garantizan la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, durante su trigésima quinta sesión extraordinaria del periodo legislativo 2025–2026.

La presidenta del grupo, congresista Nieves Limachi Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), encabezó la jornada y convocó a los integrantes de la comisión multisectorial de alto nivel para que informen sobre el avance en la implementación de la Ley N.° 31405 y de la Ley N.° 31887, así como sobre el proceso de identificación y validación del Registro Nominal de Personas Beneficiarias.

Limachi destacó que la Ley N.° 31405, promulgada en enero de 2022 por iniciativa de la propia comisión, busca garantizar la asistencia económica, el acceso a salud y la continuidad educativa de menores que perdieron a sus padres.

Recordó también que en 2023 se aprobó la Ley N.° 31887, que amplió el alcance de la norma inicial para incluir expresamente a niñas, niños y adolescentes de comunidades campesinas, nativas e indígenas, incorporando además una disposición que les reconoce el derecho a recibir la pensión de orfandad.

En el curso del debate, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Vilela del Carpio, presentó un balance de la asistencia económica por orfandad y sostuvo que actualmente más de 100,000 menores reciben el beneficio, aunque todavía existe una brecha significativa.

“Queremos transformar esta asistencia en un programa social denominado Cusiñán, que significa ‘caminar feliz’. El objetivo es sumar acompañamiento familiar, inclusión financiera y apoyo al emprendimiento de los tutores”, explicó.

Inabif expuso las limitaciones en comunidades rurales

Más adelante, la directora ejecutiva del Inabif, Mabel Herrera Castañeda, advirtió que los menores de comunidades campesinas y nativas enfrentan serias dificultades para acceder a la pensión de orfandad debido a la falta de registros civiles, la pertinencia cultural y las limitaciones tecnológicas.

“En el país existen alrededor de 290,000 niños en condición de orfandad, pero solo 190,000 cumplen con los criterios de priorización. A la fecha, poco más de 100,000 reciben apoyo económico. El reto es cerrar esa brecha con presupuesto y pertinencia cultural”, señaló.

Herrera añadió que se alista la modificación del reglamento de la Ley N.°31405 para permitir que los representantes comunales puedan presentar solicitudes en nombre de los menores huérfanos.

Por otro lado, la congresista Mery Infantes Castañeda (FP) pidió priorizar la construcción de un Centro de Acogida Residencial (CAR) en Condorcanqui, Amazonas, debido a la alta incidencia de violencia sexual y de casos de orfandad asociados al VIH.

“Necesitamos que este hogar sea realidad para atender a menores que han sido víctimas y quedaron en abandono. Urge el apoyo del Ministerio de Economía para su financiamiento”, demandó.

Ante la solicitud de la parlamentaria de la bancada naranja, el viceministro Vilela informó que el Gobierno instaló recientemente la Comisión Multisectorial por la Política Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes al 2030 en Condorcanqui y abrió un Centro de Emergencia Mujer en la zona.

“Estamos trabajando también en la implementación de una Unidad de Protección Especial y coordinamos con autoridades locales para habilitar infraestructura que permita avanzar antes del cambio de gobierno”, puntualizó.

En esa línea, la legisladora Jessica Córdoba Lovatón (RP) denunció que algunos menores huérfanos afectados por VIH en Lima no reciben atención integral en salud ni soporte nutricional adecuado.
“Con 200 soles no se cubren las necesidades de niños con enfermedades crónicas. Es urgente priorizar su atención psicológica y médica”, exigió.

Ministerio de Salud reforzó acciones en salud mental
En ese marco, el viceministro de Salud Pública, Eric Peña Sánchez, informó que su sector incrementó las atenciones en salud mental a menores en orfandad y puso en marcha el Plan de Salud Mental en Instituciones Educativas, con la contratación de 1,000 psicólogos escolares.

Detalló que 4 de cada 10 adolescentes en orfandad sufrieron violencia sexual y que la dependencia digital y los trastornos de conducta también requieren atención. “Hemos implementado brigadas interculturales y acreditado 242 centros de salud con pertinencia cultural. El reto es llegar a las zonas más dispersas, incluso con drones para facilitar diagnósticos y suministros”, aseguró.

Durante el intercambio, la congresista Infantes cuestionó la falta de equipos médicos en zonas rurales, mientras el viceministro Peña admitió que los problemas de gestión regional afectan la distribución de insumos. Se comprometió a entregar un cronograma de intervenciones y reforzar el monitoreo.

En sus palabras finales, la presidenta del mencionado grupo de trabajo sostuvo que la Comisión Especial de Protección a la Infancia, junto con su equipo y con ella misma, está a entera disposición para articular esfuerzos en favor de la mejora de todos los derechos fundamentales de los niños.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL